Que un político en ejercicio tenga una pequeña participación en una sociedad inmobiliaria (hasta el 24 de abril de 2007, por supuesto) no es delito. Antes de que entrara el sorprendente fax de Bermúdez, algunos lectores nos afeaban que convirtiéramos en noticia la conversa inigualable entre Cheché Alayón y Tata Martín. En fin, daría para un tratado del estado psicológico de una sociedad que empieza a dar por válido de todo, porque no cabe en cabeza amueblada que tenga rango de noticia única y exclusivamente lo que puede suponer un delito. Para todo lo demás, Mastercard. Presunto de perogrullo, vamos. Como los intentos de enchufes de una sobrina presidencial o de otros tres coleguillas en la Policía Local, que todavía andan en veremos... Otra cosa, a nuestro juicio, es que sea estéticamente compatible que un cargo público con ordeno y mando en el Cabildo de Tenerife, y con voz y voto en la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias, se siente a votar el Plan General del municipio en la sesión del 20 de diciembre de 2006, que como pueden comprobar en la presente gráfica, es antes del 24 de abril de 2007, por supuesto.