Denunciar corrupción no es rentable en Canarias, y suponemos que en ninguna otra parte. Los grandes poderes, que suelen ser los mayores perjudicados cuando se ponen en marcha estas traumáticas investigaciones, consiguen siempre aislar a los denunciantes, incluido su entorno personal, profesional o político más cercano. Primero tratan de allegarlo al régimen, que fue lo que precisamente intentó uno de los imputados en la trama de Unión. Aquella conversación de un Becerra con Espino, en la que pesuntamente se ofreció al político socialista participar con enormes mordidas, fue grabada por la Guardia Civil con la complicidad del denunciante. Luego, al ver que era es misión imposible, los afectados inician la fase B, consistente en investigarlo y encontrarle alguna cosilla que poner en manos de la justicia. De esa tarea se encargó la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que margulló en la gestión de Espino al frente de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de Lanzarote hasta meterle una querella por prevaricación que permitiera a Lancelot dirigirse a él en calidad de imputado cada vez que lo menciona. Paralelamente, los interlocutores empresariales del PSOE se han hartado de escuchar reproches, especialmente por parte de los que con tanta generosidad han dejado de echar una manita al partido cuando llegan las campañas electorales. Luego vienen los resultados de las elecciones y las correspondientes lecturas interesadas. De todos los batacazos habidos en el PSOE este aciago 2011, resulta elocuente comprobar que sólo haya tenido que dimitir Carlos Espino. La historia de Santiago Pérez no es igual, pero se parece una barbaridad.