La otra brecha abierta esta semana pasada en el PP tinerfeño se produjo en el municipio de Candelaria. El portavoz conservador en esa localidad abrió en canal su organización al solicitar este pasado fin de semana la destitución “fulminante” de la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, y del subdelegado en Tenerife, Guillermo Díaz Guerra. El motivo, la segunda fase de las demoliciones de las construcciones declaradas ilegales en el asentamiento costero de Cho Vito, en ese municipio tinerfeño. El portavoz popular en la villa, José Fernando Gómez, no ha tenido el menor recato en denunciar la postura de su partido en este asunto, y en poner a caer de un burro a la delegada del Gobierno y sus mariachis por haber actuado con “engaño, abuso de poder, violación de los derechos constitucionales y desamparo” frente a los vecinos de Cho Vito, “a quienes han tratado como delincuentes comunes por el simple hecho de defender sus hogares”. De momento nadie ha sido destituido en el PP por este asunto, lo que hace fracasar el concepto “fulminante” que el señor Gómez introdujo en su exigencia, pero desde luego tiene razón cuando afirma que su propio partido ha actuado cuanto menos de forma falsaria en este asunto. Durante años, cuando gobernaba el PSOE, levantó la bandera de la permanencia de ese asentamiento costero y, hasta en la última campaña electoral, sus más destacados dirigentes, con Cristina Tavío, Antonio Alarcó y Pablo Matos al frente, se constituyeron allí, cámara fotográfica en ristre, para abrazar a los afectados y ponerse de su parte claramente.