Ya habrán leído que se ha armado una buena con el laberinto en el que se ha metido un general, el de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez García. Dos sindicatos, uno del instituto armado y el otro del Cuerpo Nacional de Policía, han pedido su destitución fulminante por su actuación estrambótica -y bastante alejada de la legalidad- ante la detención y condena de la esposa de otro general, del de tropas de Canarias, con mando en el parque de San Telmo y sus alrededores. Martínez tiene ante sí la apertura de un expediente interno, y si las cosas no han cambiado mucho desde la muerte del dictador, ya se sabe cómo son de puñeteros los expedientes militares. Por supuesto. No descarten tampoco que, en respuesta a esa chiripitifláutica querella que le han metido al policía que detuvo a la esposa del otro general, le pueda caer al señor Martínez García una denuncia (bien de parte o bien de oficio) para que en sede judicial explique qué cosas son esas de sugerir que una ciudadana es más impune que otra por ser honrada y educada; o qué hubo de malo en que la doña fuera condenada a la pena que aceptó a propuesta del fiscal; o por qué ante un delito no puede intervenir el Cuerpo Nacional de Policía o el lucerito del alba. Por cierto, hablando de condenas: el señor general de este cuento fue condenado en 2004 por majadero, y con el polémico cuartel de Vecindario de fondo.