Cabrear a Pamparacuatro

“Se veía venir”. Es la expresión más repetida ahora mismo en boca de mucha gente de Lanzarote, particularmente entre los que conocen de la causa judicial de la mayor operación anticorrupción en la isla, y una de las más importantes en todo el Archipiélago, el caso Unión. Desde que se supo de su existencia, en mayo de 2009, comenzaron las presiones terribles sobre el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, que sufrió incomprensión, vejaciones, amenazas y algún atisbo de violencia derivado del poder que tienen en la isla muchos de los que aparecen imputados.

Sus superiores jerárquicos le denegaron sistemáticamente el refuerzo que pedía para su juzgado, y hasta se tropezó con la increíble falta de destreza de un secretario judicial, que no folió adecuadamente los tomos de la causa para impedir, por ejemplo, que desaparecieran literalmente autos de entrada y registro que terminaron desembocando en la nulidad de algunas de esas actuaciones por parte de la Audiencia Provincial.

La juez que le sustituyó en Instrucción 5 de Arrecife le acusó formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial del “desorden” que se encontró cuando se hizo cargo de las pesquisas, y hasta circuló durante meses una acusación formal contra un alto cargo de la Guardia Civil por filtrar las detenciones que se iban a producir con antelación suficiente para que los investigados pudieran desprenderse de documentos comprometedores. Ahora vuelve a ponerse en entredicho su trabajo al confirmarse que faltan pruebas decisivas como las primeras grabaciones que sirvieron de detonante para el estallido de la operación y las detenciones consiguientes.

El juez viaja a Lanzarote

Algunas fuentes situaban este viernes a César Romero Pamparacuatro en Arrecife de Lanzarote, posiblemente para conocer de primera mano el alcance de las desapariciones de autos y pruebas que él asegura haber dejado perfectamente ordenados en el sumario. Algunas partes personadas en la causa, particularmente las que ejercen la acusación, estudian interponer denuncias directamente por robo porque están seguras de que los documentos y los CD con las grabaciones no se desplazaron solos desde el juzgado hasta vaya usted a saber qué manos interesadas en su desaparición. Conocen con precisión las vicisitudes del proceso, la decisión de Pamparacuatro de sacar el sumario del sistema informático de Justicia, el famoso Atlante, para alojarlo en un ordenador no conectado a Internet e impedir de ese modo cualquier ataque al sistema y la consiguiente filtración de las resoluciones. Y conocen el lugar exacto del juzgado en el que teóricamente se custodiaban todas las piezas. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran, sin embargo, que estas misteriosas (ma non troppo) desapariciones no deberían afectar al núcleo principal de la causa porque existen transcripciones de las conversaciones grabadas, existen declaraciones de los imputados contestando a preguntas concretas de esas grabaciones, existen testimonios que las acreditan… Y hay mecanismos legales suficientes para reconstruir el sumario del modo en que siempre debió estar: foliado y bien custodiado. De momento, lo que queda en el ambiente es lo de siempre: el que tiene dinero para pagar buenos abogados y ejercer presiones intolerables tiene además la suerte de que las pruebas en su contra se volatilizan en los juzgados españoles. Y que el caso Unión empieza verdaderamente a estar tocado de muerte.

Cena en el Rías Bajas

La cena no la va a pagar la virgen Rocío, a cuya protección hace tiempo que se encomendó la pintoresca ministra de Empleo que tenemos en España, sino fondos públicos provenientes del Instituto Social de la Marina, perteneciente a ese ineficaz ministerio co-autor de las mayores atrocidades contra los derechos de los trabajadores perpetrados en España desde que somos un Estado social y de derecho (y dos piedras). La reserva se realizó desde el despacho del director del Instituto Social de la Marina en Las Palmas de Gran Canaria, organismo organizador de los fastos perteneciente al ministerio del Rocío. La alegría supondrá 1.500 euros como mínimo, y eso si damos por sentado que los comensales no tendrán la ocurrencia de pedir de entrante la apetitosa cazuela de angulas que se sirve en el restaurante Rías Bajas, de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo precio supera los 90 euros. La reserva está hecha en firme para la noche del 4 de febrero para 30 comensales encantados de conocerse y de tener que ver con el simulacro de salvamento que al día siguiente protagonizarán las tripulaciones de los buques-hospitales Esperanza del Mar y Juan de la Cosa. Una provocación en toda regla en la segunda región española con mayor tasa de paro y con más lacerantes desigualdades sociales.

Billetes pagados por todos para la convención de Valladolid

No predican con el ejemplo ni parece que tengan intenciones de hacerlo jamás. Al escándalo que supone que un ministerio como el de Empleo dedique una parte de sus fondos a una cuchipanda en una marisquería de lujo se une la noticia que hemos conocido de que la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha vuelto a tirar de fondos públicos para pagarse su billete y el de su asesor de prensa, Juan Santana, para desplazarse a Madrid y, desde allí, en AVE, a Valladolid, donde se celebra este fin de semana una convención nacional del Partido Popular. No es la primera vez que tenemos que traer a esta sección a la señora Hernández Bento por su alegría derrochadora con el dinero de todos. Sus primeros días de mandato en la Plaza de la Feria escandalizaron los costes que tenían sus traslados por las islas y hacia la capital de España, acompañada siempre de una abultada comitiva y con pernoctaciones en hoteles de alto copete. Y cada vez que se tercia, algún condumio en restaurantes de lujo, como el que pagó con dinero de todos en el restaurante Ribera del Río Miño con motivo de la toma de posesión del todavía jefe superior de Policía en Canarias, Valentín Solano. Aquel convite costó 382,49 euros, cantidad en apariencia reducida que se convierte en un pico si tenemos en cuenta que sólo había alrededor de la mesa siete comensales, a razón de 54 euracos por persona.

El PP de Ingenio se ahoga en una piscina

Hace tiempo que se ve venir la debacle en el Partido Popular de Ingenio (Gran Canaria) que gobierna en la inestabilidad por culpa de un pacto con Agrupa Sureste (cuatro concejales) contra la fuerza local más votada en las últimas municipales, el PSOE (diez concejales). Las siete actas del PP se han convertido desde hace ocho meses en cinco por la ausencia permanente de la concejala Romina González, cabreada porque no ha conseguido su propósito político de que le legalizaran la tercera planta de su vivienda, sometida a un irreversible expediente de disciplina urbanística, a la que se une en rebeldía contra el alcalde Pino Vega, llamada a ser la candidata en 2015 por designación expresa de José Manuel Soria. La ruptura volvió a escenificarse este jueves durante el pleno del mes al que acudía el frágil gobierno municipal con un expediente para iniciar el proceso de privatización de la piscina municipal. El concejal de Deportes, Sebastián Suárez, no midió las fuerzas con la que se enfrentaba y tuvo que ser asistido por el alcalde, Juan José Gil, que retiró la propuesta antes de que fuera cruelmente tumbada por una oposición en clara mayoría que gobierna en la sombra sin que nadie ponga remedio al problema. Pino Vega no se constituyó en la sesión para ahorrarle al alcalde un sofoco que diera más pábulo a los rumores que circulan en la villa sobre la vinculación de una de sus hermanas con una empresa precisamente especializada en la gestión de piscinas públicas que pudiera estar interesada en el pliego que se llevaba al pleno. El bochorno se trasladó poco después a las redes sociales, donde el concejal de Deportes se despachaba sin recato contra sus compañera rebelde, “que no paraba de llamar” a la otra para que no acudiera, según denunciaba en Facebook el concejal de Deportes, Chano Suárez. Casi sin solución de continuidad le contestaba por el mismo medio el también pepero Rayco Nauzet Padilla, uno de los dos ediles amenazados por el alcalde con quitarle la delegación (y el sueldo) si se pone con boberías. No obstante, se atrevió a afearle “al compañero Chano ese comentario que has hecho hoy” contra Pino-valor en alza. El ambiente se caldea y no tiene visos de arreglo antes de las próximas elecciones en las que nadie da un duro por un nuevo gobierno capitaneado por el PP, por muchos pasos adelante y otros hacia el 2000 con neumáticos nuevos que pueda dar la flamante candidata soriana.