Cuando llegue septiembre

Comienza la segunda quincena de este caluroso agosto, lo que supone automáticamente dos cosas: la primera, que quedan solo quince días para que comience el frenético cuatrimestre final del año, y segundo, que cerramos temporalmente esta sección salvo acontecimiento extraordinario que obligue a su reactivación. Y ustedes perdonen por la mención. Ya conocemos cómo será la demanda de Soria y toca retirarse a cualquier destino turístico donde no haya tantos mosquitos como el ministro dice que hay en el Caribe a meditar cómo gestionar esta nueva oportunidad que ofrece Soria para que, los que todavía no lo conocen, acaben de hacerlo. Septiembre supondrá para Canarias el reinicio de una nueva legislatura que acababa de empezar cuando de repente, ¡zas!, llegó agosto, el alumbramiento del primer hijo de Patricia Hernández y la primera crisis seria del pacto. Las tres cosas en una. La maternidad de la vicepresidenta dará que hablar, no tengan dudas: su deseo de limitar a solo un mes la licencia correspondiente irrita a las activistas que se han desgañitado años y años por conseguir un periodo de dieciséis semanas por lo que supone de coartada para los que dicen que con un mes ya vale. Cierto es que la primera que quebró la tendencia fue Soraya Sáenz de Santamaría, que sólo estuvo una semana de permiso. Pero de la vicepresidenta del Gobierno de España no cabía esperar ninguna muestra de activismo a favor de ese derecho. También tendrá que hacer frente Patricia Hernández a las críticas derivadas de su mudanza a la residencia presidencial del edificio oficial de Santa Cruz de Tenerife. Mudanza que tiene diferente modulación dependiendo de quién la comente. Nuestras preguntas por el conducto oficial obtuvieron por respuesta que la vicepresidenta canaria solo utilizará las dependencias residenciales como estancias para atender a su hijo en todos aquellos momentos en que le requiera durante su jornada laboral. Sin embargo, las declaraciones de la directora de su gabinete, Rodríguez Fraga, en el hospital el día del parto, fueron muy claras: la vicepresidenta se trasladará a la vivienda presidencial desde el alta hospitalaria. La discusión habrá que situarla en sus justos términos, no tanto por la utilización de una vivienda oficial que existe, sino por el gesto que supone que alguien que tiene casa en la misma ciudad se traslade a ella y disfrute, por lo tanto, de un servicio de mayordomía, mantenimiento, limpieza, etcétera diferente al que tendría en su domicilio habitual. No habría debate si se tratara de una vicepresidenta o un vicepresidente del PP, cuyos miembros son muy dados a este estilo de vida, pero en alguien que hizo una campaña electoral premeditadamente rompedora con los privilegios de los políticos y sensible con las condiciones en las que vive la gente corriente.

Aprietan La Laguna y Lanzarote

Pero los problemas del permiso de maternidad y del uso del apartamento presidencial no serán los únicos a los que tendrá que enfrentarse los próximos días la vicepresidenta del Gobierno y lideresa en ciernes del Partido Socialista Canario-PSOE. Su socio en el Gobierno, Coalición Canaria, se ha empeñado en aguarle estas primeras semanas con la exigencia de que su partido resuelva los focos de conflicto abiertos en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de La Laguna antes de proceder a completar el cada vez más amplio y cada vez más aberrante organigrama del Ejecutivo. Las presiones que recibe Fernando Clavijo de los líderes locales de Coalición Canaria las resuelve el presidente canalizándolas directamente hacia su socia, como si fueran los socialistas los incumplidores del dichoso pacto en cascada que tantos disgustos está provocando a ambas partes, pero especialmente al PSOE. Las fuerzas vivas de CC, mayormente inclinadas a forzar una ruptura provisional que permita a los nacionalistas gobernar en solitario con el apoyo externo del PP hasta las elecciones generales, aprietan a Clavijo para conseguir sus propósitos en la errónea creencia de que los tres diputados de Casimiro Curbelo contribuirán a la provisionalidad. Proponen dejar al PSOE en remojo hasta ver quién ocupará La Moncloa a partir de enero de 2016 en aplicación de ese mantra de que hay que hacerse compadre del que controle el talonario estatal. Saben que Patricia Hernández tiene serias dificultades para conseguir que Javier Abreu en La Laguna y el PSOE conejero constituido en Fuenteovejuna, se plieguen a los deseos de los respectivos dirigentes locales de CC. En el caso lagunero, ante un pacto de clamoroso desamor entre el alcalde, José Alberto Díaz, y el líder socialista, Javier Abreu, que se ha comido el acuerdo con un tremendo esfuerzo de disciplina del que deberían aprender muchos de los dos partidos. Y en Lanzarote ante una ofensa provocada innecesariamente por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, destituyendo al jefe de la oficina técnica perteneciente a una consejería atribuida al PSOE en el pacto. La decisión de los consejeros socialistas de pasarse a la oposición y dejar gobernar en solitario a San Ginés, tenía apariencia inicial de rendición, respondida por el presidente con un amago de pacto con el PP que ha quedado en agua de borrajas. Pero se ha tornado un problema de difícil digestión que hace crujir las cuadernas de la gobernabilidad en Lanzarote y la credibilidad de una institución que corre el riesgo de pasar de ser un referente mundial en la lucha por las renovables y contra los poderes de las multinacionales, a una charanga entregada a los poderes corruptos del lugar.

Una directora general sin viceconsejero

Van a tener muy difícil Fernando Clavijo y Patricia Hernández torcer el brazo a Javier Abreu en La Laguna y a los socialistas de Lanzarote. Se enrocan en un dato que es indiscutible: los únicos que han incumplido el pacto regional son los de Coalición Canaria, y los ataques de orgullo y de despecho ni estaban en los acuerdos ni son admisibles en el mundo de la política seria. Ni siquiera el riesgo de que no sea nombrado Manuel Fajardo viceconsejero de Justicia va a quebrar la voluntad de los socialistas conejeros de no ceder ante lo que consideran un acto injustificable de Pedro San Ginés. Es más que probable que ni siquiera el propio Fajardo acepte el chantaje y sea el primero en ponerse al frente de la protesta. Al fin y al cabo es un ejemplo de profesional que puede vivir de su trabajo (abogado) fuera de la política. Sin embargo, el bloqueo que promueve CC en el Gobierno está provocando situaciones cuanto menos pintorescas. Por ejemplo, en esa misma Viceconsejería de Justicia. Que Aarón Afonso, el consejero de Presidencia, haya elegido directora general de Relaciones con la Administración de Justicia antes de tener viceconsejero genera mucha perplejidad, sobre todo teniendo en cuenta que el elegido para ocupar esa plaza fue uno de los diputados socialistas más combativos contra el PP cuando estalló el caso Lifeblood, en el que se vio implicada la directora general Lourdes Quesada. Y por lo tanto, crítico con la que habrá de ser su subordinada cuando se desbloquee esta ridícula situación. Si Clavijo bloquea por estas razones orgánicas la configuración del organigrama de su Gobierno está siendo víctima y ejecutor de un chantaje injustificable en política: el funcionamiento de una administración pública no puede estar supeditado a problemas de un partido. Estará fomentando lo más rancio y rastrero del juego político. A ver si antes de septiembre lo tiene resuelto. Lo volveremos a comprobar el 31 de agosto. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.