La Policía la convenció para tan extrema medida aduciendo que el imputado podría sincerarse en ese momento tan íntimo con su pareja y contar allí su preocupación tras enterarse de que acababa de ser encartado en la operación. La violación de ese derecho constitucional supremo se agrava si se tiene en cuenta que era la pareja del imputado la que estaba en prisión, y no el investigado, de quien se pretendía obtener alguna confesión indirecta. Y peor aún, en su propio auto de intervención la magistrada comete un desliz involuntario al fundar su decisión sosteniendo que el imputado podría hablar por encontrarse “con una persona de su confianza y en un lugar seguro”. Ese “lugar seguro”, íntimo, teóricamente a salvo de cualquier intruso aún siendo una sala de una prisión, lo suma el Supremo a la gravedad de los hechos para admitir a trámite la querella y convertir a la investigadora en investigada.