La procuradora y el profesor Cojonciano Fernández

“¡Hola, hola!” Ese es el santo y seña, la expresión tras la cual aparece en cualquiera de los juzgados del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria la procuradora de los tribunales María del Carmen Benítez, esposa de José Manuel Soria. Cuando suena ese “¡hola,hola!” y los tacones de acompañamiento los funcionarios tragan saliva y aguantan el tirón. Su sola presencia implica presión y tensión, no por el ejercicio profesional de sus obligaciones para con sus clientes, sino por lo que supone de mensaje subliminar: dile que no y arriésgate a lo que pueda ocurrir. En las causas penales promovidas por su esposo contra periodistas se ha permitido asistir a las declaraciones de los denunciados ante los jueces de instrucción, como una estatua de sal, callada porque no tiene derecho a intervenir, pero haciendo notar su presencia para que el instructor sepa del interés que el acto suscita. Ninguno se atrevió nunca a archivar, todos se sacudieron la presión de encima mandando a los imputados a juicio. Con su influencia, la procuradora Benítez ha conseguido contratos millonarios, consecuentemente arrebatados a otros compañeros de profesión, gracias a las influencias de su señor esposo, el ministro de Industria del Gobierno de España. Y a veces en flagrante contradicción con las disposiciones sobre incompatibilidades. Ocurrió, por poner algunos ejemplos, en la Autoridad Portuaria y ocurrió en la Caja de Canarias, hoy Bankia. Dile que no, para que veas. Su aparición este jueves en la sala de vistas en los prolegómenos de la décima sesión del juicio del Grupo Europa puede interpretarse como crea cada cual, pero nunca como una casualidad. Los que la conocen saben que no es una presencia inocua: saludó a Jorge Rodríguez con la clara intención de darle ánimos, de solidarizarse con su situación de acusado en una trama de corrupción política, y subió a estrados para compartir algunas confidencias con el abogado del portavoz económico del PP, tapando prudentemente con una de sus manos el micrófono testigo mudo del lance. Nadie, salvo los dos confidentes, conoce el contenido de la breve conversación, pero el efecto se había conseguido: que se note, que se note que hay interés en la causa.

El profesor Cojonciano Fernández ataca de nuevo

Ya va siendo hora de recopilar en un librito de bolsillo y de consulta rápida los sabios pronunciamientos públicos del parlamentario canario del PP Manuel Fernández. Sabe de todo, y lo manifiesta con pasión cuando le ponen un micrófono delante, bien sea de una radio o una televisión o en la tribuna de oradores del Parlamento. A él debemos explicaciones tan épicas como la de la mamandurria del caso Bragagate: “teníamos que justificar 160.000 euros [de fondos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife] y cada uno [de los concejales del PP] se rascó los bolsillos buscando facturas que aportar” a la intervención municipal. O cuando propuso solemnemente eliminar los cabildos de Gran Canaria y Tenerife y convertir el resto en delegaciones insulares del Gobierno canario. Antológica su solución a la exigencia de presentar certificado de residencia para viajar: “Viajo con el teléfono y con el DNI, y si ustedes no saben cómo hacerlo, averigüen cómo se hace”, espetó a sus compañeros parlamentarios que, como él, sólo tienen que mostrar el carné de diputado para que nadie les pare. Resolutivo como ninguno, llamó “gilipollas” a los que no comparten la postura de Soria y de Repsol sobre las prospecciones petrolíferas, pero aclarando que ese concepto no es solo suyo, sino el que también tienen en Marruecos de los canarios que se oponen al negocio. El relato de genialidades de Manuel Cojonciano Fernández es interminable, y se complementó un poco más este jueves cuando, desde la tribuna de oradores del Parlamento, volvió a sentar cátedra, esta vez con las energías renovables. Ingeniero industrial como es, experto en turismo gracias a sus diligentes servicios al grupo Anfi del Mar, donde además se especializó en la desalación de agua de mar bajo la firma Aqualing (de agua y del apellido de Björn Lyng), parece mentira que su entrega a la causa soriana le lleve a decir las barbaridades que soltó acerca de la inviabilidad de la inversión en energías verdes: que inviertan los americanos, vino a decir, porque si lo hacemos los españoles luego vendrán aquellos y nos arrebatarán los beneficios. Debe pensar que todo el mundo es igual que él.

El REF nos va a costar un riñón (y la yema del otro)

Mientras en el Parlamento se debaten cosas de tan alto calado intelectual y económico, a pie de calle un grupo de empresarios nucleados en torno a la patronal de la pequeña y mediana empresa de Las Palmas, Cecapyme, buscan la manera de hacerse oír en medio de este maremágnum. Su empeño, además de los cotidianos, se dirige ahora a demostrar a los canarios que nos la van a dar con queso con el nuevo REF, ese invento de tres letras que debería encerrar el acervo histórico de esta ultraperiferia pero que, en realidad, solo gira en torno a cómo podrán escamotear los grandes empresarios sus beneficios a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), cómo obtener más subvenciones, cómo blindar el marcado isleño y, desde la óptica del Gobierno canario, cómo recaudar más. Sólo en Aiem (Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias), la hacienda isleña se embolsa cada año 125 millones de euros, teóricamente destinados a proteger a la industria local, dinero que desde 1994 se destina a los cabildos (52%) y a gastos generales de la Comunidad Autónoma, el resto. Prepárense para pagar más cara la cesta de la compra, porque atendiendo al listado que Cecapyme asegura que está tramitando el Gobierno, a partir de ya vamos a pagar un 15% más por todos los derivados del cerdo (fresco o refrigerado), como paleta, pierna, canales, etcétera, y no para proteger a la inexistente industria transformadora de la cabaña porcina, sino a la que importa esos productos y los envasa aquí, verbigracia, Montesano. Pero no sólo eso: sepan que la cebolla importada pasa a tener un gravamen del 15%, lo que significa que cuando se acabe la de Gáldar, costará más cara la ensalada. ¿Y el pan congelado? ¿Cómo proteger a JSP? Bien sencillo: cargando un 15% al que desde ahora se importe a Canarias. Y el café tostado descafeinado y sin descafeinar, pues también: si quiere el que no se envasa aquí, un 15% más caro. Y así, una larga lista de productos que se encarecerán para proteger un sector que apenas alcanza el 2% del PIB canario y que, entre otras flagrantes contradicciones, hasta incluyen gravámenes a importaciones procedentes de regiones tan ultraperiféricas como la nuestra: el mimbre, la pasta o el vino de Madeira se quedan fuera del mercado. Y con la bendición de Bruselas, que es lo mejor de todo.

El lacerante caso del tomate frito

No siempre tienen la culpa las estrecheces fiscales de Canarias o el afán recaudatorio de sus instituciones, ni su doble aduana y los excesos reglamentistas que han convertido a las Islas en una de las regiones más caras de Europa tras haber perdido el atractivo de los puertos francos. La cabezonería de algunos funcionarios ha provocado situaciones verdaderamente lamentables. Les vamos a contar la historia de un bote de tomate frito importado. Hace siete años llegó al Puerto de La Luz perfectamente identificado, con su DUA (Documento Único Administrativo) y su partida arancelaria cumplimentados de origen. Ya en tierra, se enfrenta a la doble aduana, la estatal y la de IGIC y Aiem. La primera lo despacha correctamente, sin ninguna pega, pero cuando nuestro bote de tomate frito llega a la aduana canaria, el funcionario dice que no, que hay que cambiar la partida arancelaria para introducirlo en una que paga Aiem, el de las salsas de tomate, más conocidas como ketchup. El bote pide al funcionario que, si no le importa, que le ponga por escrito tal exigencia, a lo que el diligente aduanero se niega en redondo. El importador de nuestra historia recurre entonces al procedimiento de la consulta vinculante, evacuada a la Dirección General de Tributos del Reino de España, que a los treinta días exactos contesta desautorizando al funcionario canario: el DUA es correcto, no hay que pagar Aiem. Lejos de retroceder, el funcionario se enroca y dice que por sus santos cojones ese bote paga el 15% o no entra en Canarias. El bote pagó, pero su precio de venta al público tuvo que ser elevado en esa misma proporción hasta sacarlo del mercado. El importador tuvo que recurrir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que siete años después, siete, acaba de darle la razón. El tomate frito, señoras y señores, no tenía por qué haber costado estos últimos siete años un 15% más de lo que hemos pagado por él. Saquen las cuentas de los botes que pueden haber consumido en casa y hagamos la ola a funcionario tan huevón.