Nadie se atreve en estos momentos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a cuantificar la indemnización que podría exigir la constructora Realia por los daños y perjuicios derivados de tener que renunciar a la edificación presente y la edificabilidad consolidada del solar del canódromo. Sin contar los gastos de demolición, los más atrevidos ya hablan de entre 20 y 30 millones de euros, lo que en proporción a los presupuestos de este Ayuntamiento, su estado financiero catastrófico, la herencia del PP en forma de múltiples sentencias y la crisis económica global con su correspondiente pérdida de ingresos, esta reclamación se corresponde con las consecuencias que para el Gobierno de Canarias va a tener el pago de la sentencia de Tebeto. Más o menos lo que se estima también por lo que habrá que pagar por otro pufo de la era pepera: el solar de la calle Pavía.