A la vista de la demoledora sentencia emitida esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sentencia que se acumula a otras en idéntico sentido y a la que se sumarán otras más por uniformidad de criterios, cabe preguntarse muchas cosas y llegar finalmente a la misma conclusión. Las preguntas son de manual: ¿hubo algún concurso en la era Ruano-Roldós que pueda merecer a los ojos de cualquier experto en Derecho Contencioso-Administrativo la consideración de limpio? ¿Se tomaron las debidas medidas de garantía en todos los procedimientos para evitar, por ejemplo, favorecer premeditadamente a un concursante frente a otro (tráfico de influencias); adjudicar indebidamente a sabiendas (prevaricación); impedir el acceso de particulares a documentos, órganos y/o decisiones expresamente limitados a funcionarios públicos? Porque Gestión Sanitaria de Canarias, por lo que dicen las sentencias y conocemos los periodistas que hemos indagado algunas de sus arbitrariedades, parecía un auténtico coladero por el que se adjudicaban, sin las estrictas medidas de control de la Administración, concursos multimillonarios a empresas amigas, financiadoras de uno u otro partido, o potenciaba el papel de ilustres letrados -asesores externos- a los que, desde otros ámbitos, se les adjudicaban otros concursos muy golosos. Verbigracia, Lifeblood.