Además de esa vertiente puramente política, con Roldós y Ruano viendo los toros desde la barrera pero con la mirada de todo el tendido sobre sus totisos, nos encontramos ante unas interesantes consecuencias en el foro judicial canario. El auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, firmado por tres magistrados conservadores, por el que se ordena la reapertura penal del caso ambulancias, hace expresa mención a una de las imputadas, Lourdes Quesada, y a la Fiscalía Provincial de Las Palmas con un infrecuente “el representante del Ministerio Fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas”, a cuyo frente se encuentra el esposo de aquella, Guillermo García-Panasco. No son menciones nada pacíficas si se tiene en cuenta que en el reciente discurso de apertura del año judicial el Fiscal Jefe de Canarias, Vicente Garrido, se expresó contundentemente contra los que hemos opinado que quizás haya faltado una prudente abstención del órgano provincial para no contaminar a fiscales como Antonio López, ex delegado del Gobierno en Canarias con el PP y públicamente enfrentado a García-Panasco por asuntos domésticos y disciplinarios. López fue quien solicitó el archivo de la causa ahora reabierta y el que, en teoría, habría de volver a interesarse por asunto tan espinoso, complicado ahora con la aparición de la sentencia de lo Contencioso-Administrativo que declara ilegales las bases de los concursos de ambulancias. La otra causa en la que figura como imputada la señora Quesada, el caso Lifeblood, tiene como fiscal a un enviado de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que optó por esa solución para evitar agobios innecesarios.