Muy interesantes las declaraciones ante el juez instructor del caso Canódromo, Tomás Martín, y el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, que a estas alturas deben ir teniendo muy claras qué vertientes son más sabrosonas que otras y dónde pudo estar el bollo del cogollo del meollo. Parece probado, porque lo ha dicho fuera de los juzgados el ex concejal de Deportes Pascual Mota, que hubo uno o más intentos previos de vender esa polémica parcela al Ayuntamiento. Y lo confirmó ante el juez la hija de los propietarios originales, que añadió una cosa más: hasta que alguien, ella dice que un pariente, le puso en contacto con Eduardo Fernández, el dueño de Inprocansa, el Ayuntamiento no activó sus mecanismos para hacerse con el viejo Canódrono. Si se fijan bien, ahí puede estar la clave del arco, porque el señor Fernández solo ejerce como intermediario de la operación alegando tener una opción de compra que nunca ha aparecido. Sin su concurso no habría habido operación y sin su concurso no habría habido un pase que dio como resultado los nueve millones de pelotazo que nadie desmiente.