Aquí no ha pasado nada

Los hechos son incontestables:

1.- Salvador Alba Mesa maquinó contra su compañera magistrada Victoria Rosell fabricando una declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez para fortalecer la querella que contra ella había presentado en el Supremo el ex ministro de Industria José Manuel Soria.

2.- La conversación en la que se produce el complot es grabada por el empresario, que el 11 de mayo de 2015 presenta la grabación con su transcripción en el mismo juzgado en el que Alba le interrogó para obtener información que pudiera ser perjudicial contra Rosell.

3.- Al verse en una posición tan comprometida, el magistrado Salvador Alba se persona ese mismo día en el juzgado de guardia para interponer una denuncia contra la persona que le grabó aquella conversación y el abogado Sergio Armario, con el que había pactado la reunión clandestina con Miguel Ángel Ramírez. En esa atolondrada denuncia, Alba empieza a insinuar que tiene información de otros compañeros magistrados que le presionaron para conceder trato de favor a Miguel Ángel Ramírez. Hasta entonces no lo había denunciado y hasta ahora no ha presentado ni una sola prueba que avale tan dura acusación.

5.- Al revelarse la conversación entre Alba y Ramírez y constatarse que, evidentemente, había una maquinación entre un juez y un imputado, el Consejo General del Poder Judicial anuncia urbi et orbi que abre expediente informativo para depurar las responsabilidades, incluso penales, que pudieran derivarse. Seis meses después no ha depurado nada.

5.- La jueza que recibió la grabación de manos de Ramírez, Carla Vallejo, eleva al TSJC días después una exposición razonada en la que, tras consultar con la Fiscalía, aprecia la posible comisión de varios delitos por parte del juez Alba: prevaricación, negociación prohibida a funcionario, falsedad, coacciones…

6.- El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias penales contra Salvador Alba al apreciar indicios de delito en su comportamiento.

Ninguno de estos hitos, que no admiten ningún tipo de discusión, ha sido de momento suficiente para que ningún órgano o estamento haya acordado medida cautelar alguna para evitar que el juez Salvador Alba siga exhibiéndose como si nada hubiera pasado. Continúa presidiendo juicios por corrupción (sucedió en el caso Calero), y este mismo lunes pudo vérsele formando tribunal con sus sufridos compañeros de la Sección Sexta Emilio Moya y Carlos Vielba.

El Poder Judicial ha anunciado en repetidas ocasiones que no está en sus previsiones decretar una suspensión cautelar del juez Alba hasta que por parte de la magistrada que instruye su causa, Margarita Varona, se dicte un auto de apertura de juicio oral, es decir, la misma doctrina que utiliza el PP para casi todos sus cargos públicos.

Pero tras aquellos hitos que culminaron con la apertura de diligencias contra Alba han sucedido otros también bastante llamativos:

1.- El magistrado Salvador Alba ya ha acudido dos veces a declarar a Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó su denuncia contra Ramírez y Armario, con el único fin de montar el numerito y sin aportar ni una sola prueba que refuerce su majadería de que de haber habido alguna conspiración, la víctima es él. De momento ha logrado que el juez Passaro le reconociera como tal y ordenara retirar, para su protección, el vídeo de su primera declaración. En la segunda, Alba llegó a amenazarle con una querella por prevaricación, según Canarias7.

2.- En su intento por que el ventilador de la mierda alcanzara al máximo de colegas de profesión, presentó ante el juzgado unos audios de reciente manufactura (septiembre de 2016) en los que se puede escuchar a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial deliberando, debatiendo y profiriendo chascarrillos de dudoso gusto (todos los italianos del sur y los rusos jóvenes, “son unos mafiosos”, y las rumanas, “todas putas”).

Aún así, dos de esos compañeros de la Audiencia Provincial tuvieron que sentarse junto a él este lunes para juzgar a un hombre acusado de abusos sexuales a un menor. Como si nada hubiera pasado.

En el aire quedan muchas dudas:

1.- ¿Quién protege a Alba para que ningún órgano competente (Sala de Gobierno del TSJC, Audiencia Provincial o Poder Judicial) articule una medida cautelar que evite el escándalo público?

2.- ¿Por qué no ha hecho la menor declaración pública el presidente del TSJC de Canarias, Antonio Doreste?

3.- ¿Qué otras informaciones comprometedoras sobre sus compañeros tiene el magistrado Alba para que continúe actuando con absoluta normalidad?

4.- ¿Qué estrategia procesal y extraprocesal está tejiendo para que su causa se archive?

Las respuestas, muy pronto.