Sí se puede / no se puede

La ilusionante irrupción de Podemos y de todas sus marcas asociadas en las instituciones españolas a partir del pasado 24 de mayo ha llenado de júbilo y de esperanza a millones de personas que estaban deseando un cambio profundo en los modos de hacer política. Han entrado prometiendo por imperativo legal y por la gente y en algunos casos mirando con malos ojos a los que ya estaban dentro y no se han querido mover. Unos pocos han tenido el arrojo de confesar su más supina ignorancia ante lo que se enfrentaban y han tardado horas en estrellarse contra unas realidades inesperadas. Otros, en teoría más curtidos, ya meten la pata por hablar más de lo aconsejable, incluso por encima de la obligada transparencia que imponen los nuevos tiempos. Esta semana se ha constituido el Parlamento de Canarias y los Cabildos y Ayuntamientos apenas tienen días de funcionamiento, pero el anecdotario ya es muy rico. Veamos qué es lo que prometieron, lo que se puede y no se puede hacer y lo que va a resultar sencillamente imposible.

Sí, se puede despotricar contra la dotación de teléfonos móviles y tabletas de última generación con la que el Parlamento de Canarias equipa a sus diputados y diputadas en cuanto toman posesión. Ha sido uno de los soniquetes más escuchados los últimos años por parte de los movimientos y formaciones que terminaron agrupándose en torno a Podemos. Una de sus promesas más reiteradas ha sido siempre la de negarse a recibir esos equipos por considerarlos un dispendio económico.

No, no se puede llegar al Parlamento y, sin haberse informado previamente, al menos para verificar que los aparatos van incluidos en el lote del operador de telefonía, pretender que a ellos se les entreguen otros más económicos, un gesto absurdo que supondría un desembolso extra no previsto en los presupuestos de la Cámara. También se les ha denegado la emisión de bonos-tranvía porque tampoco está previsto en los presupuestos. Sus señorías han cogido, eso sí, los talonarios para viajar libremente por todas las islas en transporte aéreo o marítimo, como venía ocurriendo hasta ahora para gran escándalo entre la gente. Con ese talonario prometen recorrer todas las islas tras descubrir (y sorprenderse) que el Parlamento solo tiene sede en Tenerife desde hace más de 30 años. Prometen luchar para que haya una sede en cada isla para que los que les vengan a suceder digan que durante su mandato inflaron los gastos de la administración con alquileres y personal, como ellos han dicho hasta ahora de sus antecesores.

Sí, se puede uno oponer a que a una inversión de 30 millones de euros se le exonere del pago de las tasas del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio). Lo hizo el PSOE de Las Palmas de Gran Canaria cuando estuvo en la oposición y lo hicieron durante la campaña los candidatos de LPGC Puede respecto a tal decisión, tomada por la mayoría absoluta anterior del Partido Popular. Habitualmente ocurre de todo durante las campañas electorales, como alimentar una plataforma contraria al acuario con informaciones tan erróneas como que a los promotores se les ha regalado un suelo público, cuando en realidad se trata de una concesión portuaria, o anunciar que se revisará ese expediente, para llegado el caso, envolverse en una serie de razonables excusas para no hacerlo.

Lo que no se puede hacer, al día siguiente de que el nuevo Consistorio confirme a los inversores que su proyecto puede seguir adelante, es desmarcarse sin desmarcarse, es decir, emitir un comunicado más propio de Cantinflas que de un partido político serio:

- En ninguna asamblea se ha decidido “condenar” (sic) o “aprobar” (sic) la construcción del famoso acuario.

- En el acuerdo entre el PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias “no se hace ninguna referencia a la construcción de dicho acuario”

- “No corresponde a esta formación, hasta que se diga otra cosa en asamblea, sino el (sic) manifestar su firme rechazo a la exención anteriormente citada”

- “Retrotraer o anular dicha aprobación traería por un lado inseguridad jurídica, con los perjuicios correspondientes para otros proyectos, y acarrearía una fuerte indemnización económica que el ayuntamiento tendría que pagar a los promotores del acuario”.

Conclusión: Ni estaba en el programa electoral cargarse el acuario ni está en el acuerdo de gobierno, ni se puede hacer nada porque los efectos podrían ser demoledores para la ciudad. Una cosa es predicar y otra dar trigo.

Sí, se puede criticar a un personaje público (sea político, artista, empresario o periodista) por sus actuaciones en su faceta pública. Quien elige desarrollar su actividad en lo público se arriesga al escrutinio de los demás y, en el caso concreto de los políticos, ve reducido incluso su derecho al honor, según la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El límite, por supuesto, está en el insulto y en la atribución de conductas delictivas. ¿Se puede comparar al empresario Miguel Ángel Ramírez con Silvio Berlusconi en las redes sociales? Sí, se puede, entra en los límites de la libertad de expresión, aun corriendo el riesgo de que el afectado lo considere una intromisión en su derecho al honor e interponga las oportunas acciones judiciales

No se puede, sin embargo, utilizar la influencia y la notoriedad que alcanza un cargo público para insultar a un empresario de su propia ciudad, como hizo este mismo jueves el primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, en su cuenta de Facebook, al compartir un comentario del abogado Diego León. El empresario es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que acaba de ascender a Primera División del fútbol español en una gesta que casi una semana después todavía se sigue celebrando en la ciudad. El insulto no proviene de alguna nueva sentencia contra Ramírez que haya animado al primer teniente de alcalde a hacer su aportación al debate público, sino de la decisión del Supremo de suspender su indulto por un defecto formal sólo atribuible a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Ramírez está condenado por un delito contra la ordenación del territorio y no por cualquiera de los que se le endilgaron a Berlusconi, entre otros el de incitación a la prostitución de menores. Cuando se ejerce un cargo ejecutivo en una institución se representa a la institución en todo momento.

Sí, se puede presentar cualquier ciudadano corriente y moliente a un proceso electoral estando en situación de imputado. Nadie se lo puede impedir salvo su propia conciencia o las normas de su partido político, si es que forma parte de alguno. El concejal Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede en Santa Cruz de Tenerife, lo hizo en el reciente proceso de las municipales a pesar de estar imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos por unos informes elaborados para el Ayuntamiento de Granadilla por los que cobró y que tardaron algo en aparecer. Los informes existieron, por lo que se intuye que las diligencias judiciales van camino al archivo, salvo nuevas pruebas ahora mismo desconocidas. Otra cosa es que pudiera ser ético que a Fernández Arcila le encomendara sus informes jurídicos el único concejal de su partido en Granadilla y que sólo a él se los entregara.

No se puede aplicar distinto rasero según sea el imputado. El partido de Pedro Fernández Arcila, Sí se Puede, se ha caracterizado en Tenerife por anatemizar a todo aquel o aquella que tuviera el mismo estigma judicial que su concejal en Santa Cruz tiene aún. Además de las continuas imprecaciones a la pureza ética, se ha negado a pactar con imputados en algunos ayuntamientos, facilitando otros gobiernos distintos a los que cabría considerar naturales.

Sí, se puede prometer al tomar posesión “por imperativo legal”, incluso se puede añadir algún propósito como cambiar la Constitución, acercar las instituciones a la gente, luchar contra el hambre y a favor de la paz en el mundo o alcanzar la soberanía alimentaria. No deja de ser un bonito gesto hacia la galería porque incluso los que juran o prometen con la fórmula convencional lo hacen por el mismo imperativo legal mientras esté en vigor la actual Constitución y todo el ordenamiento jurídico que de ella cuelga. No se está más cerca de la gente ni se es más de izquierdas, ni más activista de causas justas (como lo son muchos de los que no inflan su juramento) por añadir frases ociosas a un acto formal al que están obligados todos los que toman posesión de un cargo público.

No se puede insultar a los cargos públicos de los demás partidos políticos porque no coincidan con la ideología política o los movimientos sociales que tú votaste. Ha ocurrido en algunas ciudades españolas, pero fue especialmente significativo en Madrid, donde muchas personas congregadas frente al Ayuntamiento insultaron a los concejales de Ciudadanos. Hacía muchos años que eso no ocurría y las últimas noticias al respecto tenían como protagonistas a militantes de la ultraderecha española.