La huelga general de este miércoles en Televisión Española tenía dos reivindicaciones: un recorte en el número de cargos directivos y una disminución de la contratación de producciones ajenas. La primera exigencia habría que reflejarla en el mismo espejo sindical, con cientos de trabajadores liberados que cuestan al erario público la nada despreciable cantidad de 12 millones de euros al año. En cuanto al recorte de producciones ajenas, se trata de una reclamación que choca de bruces con la realidad interna de la propia corporación y con uno de los objetivos de toda cadena pública que se precie, el de potenciar la industria audiovisual del país. No encaja de ninguna manera que los sindicatos de TVE pretendan que las producciones que se emitan se realicen con personal de la casa, no ya por la escasez, sino porque el convenio colectivo, lastrado desde hace décadas con horarios y categorías laborales anacrónicas impide cualquier tipo de operatividad más allá de lo que sea cubrir el día a día. Otra cosa es que los sindicatos pretendan volver a inflar la plantilla de RTVE para recuperar y fortalecer viejos privilegios y tener más liberados que paguemos entre todos los españoles.