Delfín Suárez y José Rodríguez, por poner dos ejemplos, son muy libres de pretender hacer negocios, es su profesión. Lo que está controlado por otros mecanismos es el procedimiento de las instituciones públicas para propiciarlos o para hacerlos directamente. De ahí que la COAG ya haya anunciado que este concurso de Sialsa lo va a recurrir ante la Justicia por haber detectado algunos errores administrativos que invalidarían el proceso. Les llama la atención, por ejemplo, que el Cabildo no haya tenido en cuenta el principio de actos vinculados a la hora de desagregar de Sialsa 28.000 metros cuadrados y valorarlos sólo a 6 euros el metro cuadrado, cuando ese precio no lo tiene en Canarias ni el suelo rústico. De ese modo, el Cabildo hizo una disminución de capital de una empresa pública (Sialsa) sobre un precio del solar desagregado muy inferior al de mercado, lo que contraviene, a juicio de COAG, la Ley General Tributaria. Veremos en qué acaba todo.