De este nuevo caso de corrupción en el entorno de Miguel Zerolo hay que destacar varias cosas. La primera, que cuando todo empieza está el PP gobernando con los nacionalistas, en concreto ejerce de teniente de alcalde Cristina Tavío, y en su presencia y en el seno de la Junta de Gobierno se convalidaban expedientes de las obras en Hermanos García Cabrera. Y con el PP acaba el asunto porque ya con Ángel Llanos en la concejalía de Hacienda, en 2007, Zerolo se ve obligado a convalidar las facturas de Imes ante la negativa de su primer teniente de alcalde de pagarlas por la vía ordinaria. Llanos no quería cogerse los dedos sabedor de que todos los pagos del caso García Cabrera tenían severos reparos de los sucesivos interventores que conocieron el asunto, lo que obligó al alcalde a firmar centenares de facturas hasta rebasar los muy mentados seis millones de euros que costó la broma. Para hacerlo se valió de la inestimable ayuda de algún que otro funcionario de escasos escrúpulos en concreto uno que, previamente ascendido a la categoría de director general de la Corporación, no tuvo el menor reparo en informar favorablemente lo que el resto de la plantilla había echado para atrás con cajas destempladas. Les hablamos de Javier García López de Vergara, que como su propio apellido indica es primo del líder del PP en La Laguna, Pedro Suárez López de Vergara. Ningún interventor pasó por el aro de las arbitrariedades de Miguel Zerolo tanto en este caso del García Cabrera como en otros como Las Teresitas o la privatización de Emmasa. De este modo, bien por fulminante destitución o por elevación, han ido desapareciendo de la faz municipal interventores como Miguel Ángel Rojo, Santiago Gómez Fernández o Antonio Messía de Yraola. ¿Hemos dicho privatización de Emmasa? ¿Si? ¿Qué pasó con la ejecución de la sentencia del TSJC que obligaba al Ayuntamiento a anular esa operación y devolver 60 millones de euros a Sacyr? La acumulamos a Las Teresitas y la cosa se pone en 118 más intereses. Apoteósico paso de Miguel Zerolo por la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Pero en el Supremo solo responderá por delitos de rango menor.