Soria pontificando sobre corrupción: “Soy el primer indignado”

Cada vez que Soria habla de corrupción conviene detenerse un poco en lo que dice. Se trata, sin duda, de una voz autorizada. Su carrera política al frente del PP de Canarias ha sido vanguardia en los casos de corrupción que ahora afloran como hongos por toda la superficie patria como si se de una conjura se tratara. Los esfuerzos de ese partido por controlar el poder judicial y acojonar a todos los jueces de instrucción, desde el pueblo más chico a la Audiencia Nacional, se están estrellando con unos hechos absolutamente insoslayables, fenómeno este absolutamente novedoso por el que el pontífice de la corrupción no tuvo que pasar precisamente por ser pionero. Nadie creyó entonces, cuando al PP canario le estallaban en la cara los Eolo, los Faycanes, los Góndola, los salmones, los chalets, los Isolux o La Favorita, que la corrupción estuviera tan generalizada, y con el paso del tiempo y el estallido de esta profunda crisis que no perdona nada ni a nadie, que la fueran a descubrir en toda su crudeza. Los periodistas preguntaron este lunes al señor ministro en Las Palmas de Gran Canaria por el último escándalo, la operación Púnica, y la respuesta es tan espléndida que conviene que la analicemos frase por frase.

Contundencia sí, pero cuando haya culpables

“La ley tiene que ser aplicada con toda la contundencia sobre quienes sean culpables”. Parece una cita bíblica, pero es tan de Perogrullo que invita a sospechar que en el inconsciente del señor ministro anida una especie de traición que le delata. Si es a partir de la operación Púnica cuando la ley debe ser aplicada con toda contundencia, ¿qué venía pasando hasta ahora? Pues muy sencillo, que los procesos de instrucción se han venido llevando en muchísimos casos en favor de los investigados. Unas veces con unos largos procedimientos entorpecidos por los abogados de los investigados, provocando dilaciones indebidas y dudas en favor del reo, y otras sencillamente rechazando querellas e investigaciones por ser vos quien sois. El mismo ministro pontífice es un ejemplo macanudo: se libró, al menos que nosotros sepamos, de dos querellas de libro porque los tribunales ni siquiera las admitieron a trámite: una, por el famoso caso Chalet (haber vivido gratis en el chalet de un empresario al que quiso beneficiar en el negocio eólico), y la otra por el falso testimonio que profirió precisamente en la comisión parlamentaria de investigación que abordaba el asunto eólico en cuestión. Dijo que él no estuvo en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en el que se decidió beneficiar a su casero y sí que estaba. Pero puestos a relatarlo todo, el caso más clamoroso de instrucción en favor del reo fue la que protagonizó con su viaje a la pesca del salmón en el jet privado del empresario noruego al que tramitaba un importante expediente de recalificación turística cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria. La juez lo dejó irse de rositas alegando, entre otras lindezas, que el avión del magnate iba a viajar de todas maneras y que, por lo tanto, daba lo mismo que viajara solo que en compañía de Soria, su esposa y su hijo mayor. Tiene razón el individuo en cuestión en pedir más contundencia en la aplicación de la ley, y se cura en salud añadiendo la coletilla perversa: “cuando haya culpables”. Si no los hay porque hasta ese punto no se llega, no hay corrupción. Y vuelta a empezar.

Políticos que juegan a ser jueces

“Yo no voy a presuponer la culpabilidad de nadie”. No es eso lo que se le pide a un político cuando se le pregunta por un caso concreto de corrupción. Por supuesto que no puede ni debe presuponer nadie la culpabilidad del prójimo. Para eso están los jueces, y en las religiones, el dios de cada cual. Cuando a un político se le pregunta por un caso de corrupción protagonizado por sus compañeros de partido lo único que se le pide es un posicionamiento político. De entrada, una autocrítica, y de salida, una proclamación pública sobre la necesidad de depurar responsabilidades políticas. De ésas han de ocuparse los políticos y no los jueces, de los que se espera precisamente otra cosa. Pero es que esos políticos a los que se les llena la boca recordando en todo momento la majadería de que “hay que dejar trabajar a la justicia” o que “todo el mundo es inocente hasta que recae sobre él una sentencia firme tras un proceso justo”, son los que elaboran las leyes, que en el caso concreto de España no son particularmente duras con los corruptos. Por ejemplo, por un soborno, lo más grave que le puede pasar a un político o a un empresario es que le caigan seis años de cárcel, lo que jamás ocurre gracias a las dilaciones indebidas, la falta de pruebas o las instrucciones fallidas. Porque tenemos leyes muy malas que, en aras de las garantías procesales, permiten que cuando a un chorizo se le descubre robando del erario público en unos pinchazos telefónicos, la prueba se anula porque lo que se buscaba era el robo de una gallina. Son esos mismos políticos, los del poder legislativo, los que tienen que sacar a la justicia de su retraso ancestral, dotarla de más y mejores medios, y de unas leyes más eficaces, es decir, que se puedan aplicar.

“El primer indignado”, manda Trillos

“La corrupción es una lacra que no está siendo protagonizada por toda la clase política, sino por una minoría, y por tanto, yo comprendo perfectamente la indignación de la sociedad”. A ver si nos enteramos: ¿es una minoría y por tanto comprendes que esté indignada toda la sociedad? Será, más bien, al contrario. La corrupción está más extendida de lo que muchos creían, y especialmente en el Partido Popular, la formación española que acumula más escandalosos casos de saqueo, tanto en número de ladrones implicados como en el montante del dinero sustraído a las arcas públicas, bien directamente o bien a través de personas interpuestas. Pero la frase contradictoria de Soria (“sólo es una minoría y por tanto comprendo la indignación de la sociedad”) encierra retranca. Lo que verdaderamente quiere decir es que el PP es el partido más pringado de todo el país, pero en realidad el público municipal y espeso hace extensible esa percepción a todos los demás partidos políticos, sea cual sea su grado de implicación. Esa generalización es la que más interesa al PP, sabedor de que sus bases electorales aguantan carros y carretones, mientras que las de partidos como el PSOE se pasan al repudio y se van a otras formaciones políticas o directamente a la abstención. Aun así, en una vuelta más de tuerca a su cinismo, Soria se ha confesado “el primer indignado con este tipo de prácticas”, Manda Trillos.

“En armonía y estabilidad”

Los corruptos incurren en “prácticas totalmente contrarias a lo que debe ser una convivencia en la sociedad, en armonía y estabilidad dentro de la ley”. Tiznas, le dijo la sartén al cazo. La desfachatez de José Manuel Soria no tiene límites, porque además de la percepción absolutamente extendida de que no es él (ni su partido) precisamente un dechado de comportamiento dentro de la ley, que pretenda expedir certificados de convivencia dentro de la sociedad “en armonía y estabilidad” es para tararí y no echar gota. Nadie a estas alturas, ni en Canarias ni en el resto del territorio patrio, sería capaz de reconocerle a Soria el más mínimo gesto o aportación para una “convivencia en la sociedad en armonía y estabilidad dentro de la ley”. Se nos aturullan los casos en la cabeza por su cantidad y por su calidad. Sus atropellos contra los canarios en estos tres últimos años son el ejemplo más reciente, pero darían para un coleccionable si hiciéramos recuento de sus trapisondas como alcalde, como presidente de Cabildo o como vicepresidente del Gobierno canario.

“La conducta de unos pocos”

“Juzgan a la clase policía por lo que es la conducta de unos pocos”. Lo que faltaba. Es cierto que generalizar la corrupción a todos los políticos es tan injusto como falaz. No son todos aunque parezcan muchos. El estallido de la crisis ha hecho que el listón de la exigencia de honradez haya bajado mucho, y lo que antes eran prácticas habituales y hasta socialmente permitidas y votadas, ahora se han convertido –por fin- en motivo de persecución judicial y desigual castigo político. Si el uso fraudulento de las tarjetas en negro de Caja Madrid era conocido por el regulador y por la Agencia Tributaria y entonces no se hizo nada, no solo fue porque los poderosos eran y son (no nos engañemos) intocables, sino porque la opulencia y las vacas gordas hacían que la inmensa mayoría se desentendiera y hasta lo consistiera mientras le fuera bien. A esa mayoría le importaba una higa la política, y ahora quiere que se purgue lo que con sus votos o su desentendimiento permitió. Pero volviendo a las frases célebres de Soria: alejarse de “la conducta de unos pocos” como si la suya hubiera sido siempre ejemplar da una muestra más de la catadura moral del señor ministro. Porque que su comportamiento político no haya sido objeto de momento de ningún tipo de repudio penal no significa que no se haya comportado como un corrupto. Y a las secuelas que ha dejado nos remitimos constantemente. Los delitos contra la corrupción los juzgan los jueces; pero los comportamientos políticos corresponde juzgarlos a los ciudadanos, y entre ellos, a los medios informativos. Y no, el de Soria no ha sido un comportamiento político ejemplar casi nunca.