Ante este panorama creado por este Gobierno y sus antecesores, responsables directos de lo que ha venido sucediendo en la Comunidad Autónoma en los últimos veinte años, los trabajadores públicos empiezan a organizarse con o sin sindicatos. Quieren que se abra una reforma más seria que empiece, por ejemplo, con una redistribución de los efectivos entre las consejerías, de modo que se optimicen los recursos y se tienda hacia una Administración más eficiente. O que se reduzca el número de altos cargos y asesores, y el sueldo de los que se queden. Y no solucionar todos los males de la administración autonómica mermando los derechos de los empleados públicos, que es el sueño que acarician Soria y Rivero. Las empresas públicas también habrían de ser sometidas a una profunda cirugía de adelgazamiento, suprimiendo algunas, fusionando otras y reduciendo orondos consejos de administración. Porque de reformar la organización administrativa de Canarias con un nuevo Estatuto de Autonomía que racionalice y optimice las competencias entre Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos y acabe con tanta burocracia y duplicidades puede ser demasiado pedir a estos mandamases que tenemos.