Otra chapuza de Soria (y sólo por joder)

Se le agota a José Manuel Soria el catálogo de disparates y putadas aplicables a Canarias. Y con el único propósito de jeringar, de joder la pavana, por hablar en plata. Su obsesión por vengar el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE lo conduce a la ceguera y a la generación de un daño inversamente proporcional al beneficio que él dice pretender otorgar. La última, como han podido leer estos últimos días, ha sido la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley canaria de Renovación y Modernización Turística, a la que puso la proa de modo rabioso desde el momento mismo en que atisbó que pudiera otorgar a Paulino Rivero algún tipo de ventaja ante el sector empresarial, ante el sector bancario y ante la inmensa masa de personas en paro, mayormente las procedentes de la construcción. Una ley criticable (que lo es) por concentrar en manos del Gobierno competencias hasta ahora en manos de los cabildos y de los ayuntamientos, dictada en algunos de sus artículos por la patronal hotelera tinerfeña, Ashotel, la ha convertido por su perreta infantil en un boomerang que le ha estallado en la cara. Porque hasta Gran Canaria, que debía sentirse satisfecha por el recurso al ver coronado su esfuerzo por desbloquear la construcción de hoteles de cuatro estrellas, critica por lo bajini el disparatado recurso ante el Tribunal Constitucional al haber hecho regresar la legislación en la materia hasta la prohibición total de cualquier tipo de establecimiento. Ya se lo advirtió Rivero a Mariano Rajoy (el 8 de enero en La Moncloa y el 10 del mismo mes por teléfono), y ya lo advirtió el Gobierno canario tras el Consejo de Ministros en el que se anunció el recurso: cuidado, que la suspensión acarrea moratoria total. Picó en el anzuelo y, cuando le dijeron que en la reseña del Consejo de Ministros no se hablaba de suspensión, movió Roma con Santiago para que se incluyera. Y nuevamente la encharcó, por decirlo fino.

Restrictiva fue la ley de 2009

Soria creía que logrando la suspensión de toda la ley de renovación turística, aún en contra del criterio de los servicios jurídicos del Estado, iba a mortificar exclusivamente a Paulino Rivero, que –no lo olvidemos- acumula al cargo de presidente el de consejero de Turismo. Por eso mandó a Enrique Hernández Bento, su fiel escudero para trabajos de difícil encaje, a asegurarse que el recurso ante el Constitucional incluyera la suspensión. El Gobierno canario esperó pacientemente a que la trapacería fuera completa para explicar urbi et orbi que quedaba suspendida la tramitación de cualquier tipo de establecimiento turístico, es decir, se aplicaba la moratoria total. La reacción no se hizo esperar, y ya se anuncian desde Tenerife la pérdida (temporal) de inversiones en dos hoteles de cinco estrellas, además de la imagen de inseguridad jurídica propiciada precisamente por el ministro de Turismo. Verdaderamente memorable en quien dijo que el recurso pretendía lo contrario: garantizar y atraer las inversiones y acabar con una discriminación al imponer un estándar turístico o, mejor dicho, limitarlo. Olvidó Soria, y con él toda su claque del PP, que en 2009 aprobó con aplausos, escuadra y gastadores, la Ley de Medidas Urgentes que no es que prohibiera los hoteles de cuatro estrellas, que también, sino que también impedía la construcción de hoteles que no fueran de cinco y gran lujo. Si la de 2013 vulnera la Constitución y la Directiva de Servicios, la de 2009 se llevaba, además, la medalla de oro. Nadie recurrió, nadie clamó por la inseguridad jurídica, ni proclamó al mundo que se violaba la libertad. Eran tiempos de vino y gloria, de besos y abrazos entre CC y el PP.

La enmienda de Jorge Blanco

A diferencia de la Ley de la Moratoria de 2003, ni la de Medidas Urgentes, de 2009, ni esta de Renovación y Modernización, de 2013, ha contado con el apoyo unánime del Parlamento, ni con el respaldo de los cabildos, que se quejan de la invasión de sus competencias después de años y años elaborando planes insulares y planes especiales de toda índole. Es conveniente recordar que en la tramitación de la ley ahora recurrida fue un diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, curiosamente parlamentario por Gran Canaria, quien propuso a través de una enmienda retirar esas competencias a los cabildos, lo que fue apoyado de inmediato por CC y por el PSOE. Una alegría para José Miguel Bravo de Laguna, presidente del de Gran Canaria, único del PP al frente de un Cabildo, precisamente el que más ha protestado por la nueva ley. Esa enmienda, dicho sea de paso, ha colocado en manos de Gesplan, el instrumento que ha encontrado Rivero para ejecutar sus políticas territoriales, todo el poder para la aplicación de la ley: convenios con la banca, convenios con los ayuntamientos, convenios con los promotores… Y los cabildos comiéndose literalmente los mocos. Es precisamente el Cabildo de Gran Canaria, con los votos del PP y de Nueva Canarias, el que ha promovido una iniciativa legislativa –que se verá la semana que viene en el Parlamento- para permitir la construcción de hoteles de cuatro hasta un 4% de las nuevas autorizaciones. Dicen sus promotores que, a pesar de esa apertura, la proposición de ley es más conservacionista con el suelo porque un hotel de cuatro estrellas consume menos que los apartamentos o las villas que permite la norma ahora en manos del Constitucional. Es improbable (salvo sorpresas) que la propuesta prospere: sería lo que le faltaba a Rivero para cabrear a los poderes fácticos de ATI, pero al menos vamos a tener entretenimiento en lo que Soria se saca un conejo de la chistera con el que poder proclamar que ha arreglado el problema que él solito ha originado.

Bermúdez, lolailo-lolailo

El auto de apertura de juicio oral a Miguel Zerolo por el caso García Cabrera no deja de deparar antológicas reacciones. O, para ser más precisos, escuálidas pero antológicas reacciones. El alcalde José Manuel Bermúdez, sustituto del imputado y compañero de partido, sigue sin pronunciarse sobre lo ocurrido, a pesar de haber tenido que cargar con ese y otras bombas de explosión retardada que Zerolo le dejó debajo de la mesa del despacho. Bermúdez dijo ayer a Pepe Moreno, en Radio El Día, que no puede “juzgar lo que hizo Zerolo porque era otra época y otras circunstancias”. Ya lo advertía el imputado cuando, preguntado por el caso del fraude en el padrón de habitantes, respondió airadamente aquello de “no tengo ni puta idea, yo tenía diez años”. Resulta curioso escuchar a un alcalde sacudirse su obligación de exigir como mínimo responsabilidades políticas de quien dejó tras él un amplio reguero de pufos, curiosidad que se convierte en ofensa cuando alega que eran “otra época y otras circunstancias”. Las leyes de contratación pública y el Código Penal respecto a la prevaricación eran los mismos, y el quebranto a las arcas públicas es una herencia que sobrevive. Nadie toca a Zerolo, nadie se atreve a afearle gestiones tan escandalosas como la del García Cabrera, Las Teresitas, el Mamotreto, la privatización de Emmasa o el caso Fórum, quizás porque nunca estuvo solo y no es el único portador de los mismos secretos.

Tavío, en la inopia

No se queda corto el papelón que en este sainete montado en torno a Zerolo está interpretando el Partido Popular. El regional, el insular de Tenerife y el municipal de Santa Cruz, con su insuperable Cristina Tavío a la cabeza. La hemeroteca, sabiamente recuperada este miércoles por el periódico La Opinión, nos ha permitido recordar un episodio grotesco del año 2006, cuando a propuesta de la oposición el pacto de gobierno, a la sazón CC-PP, se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el caso García Cabrera. Como ocurre casi siempre, la tal comisión acabó en burla a los ciudadanos y a la verdad, sin la exigencia de ninguna responsabilidad política y, por supuesto, sin denuncia ante los tribunales de justicia. En las conclusiones, apoteósica la postura del PP, que acusó al interventor municipal de emitir informes exclusivamente dirigidos a “desgastar al equipo de gobierno”. Parece natural que fuera Cristina Tavío –que formaba parte de la comisión de investigación- la autora de tan ridícula acusación, ahora completamente destrozada por el auto de apertura de juicio oral del magistrado del supremo Luciano Varela. La lógica la arroja su permanente desatino político y la natural venganza después de que el mismo funcionario fuera el que detectara aquellos gastos injustificados en el grupo popular que los más puñeteros de la región bautizamos como el bragagate. El interventor fue destituido por Zerolo, cómo si no, como hizo con el que le afeó constantemente las operaciones para la privatización de la empresa municipal de aguas, Emmasa.

“Si no somos puntuales al entrar, seámoslo al salir”

“Las tres, hora de marcharse. Ya que no hemos sido puntuales al entrar, al menos seámoslo al salir”. La frase, pronunciada por un histórico jefe de servicio del Cabildo de Gran Canaria, forma parte de una anécdota muchas veces comentada cuando se aborda la polémica de los horarios de los trabajadores públicos de esa Corporación. Anécdota que se complementa siempre con el chascarrillo del toro semental comprado por un popular presidente del mismo Cabildo para fomentar la cabaña ganadera de la isla, semental que dejó de cubrir en cuanto se enteró de que se había convertido en funcionario. Bromas aparte, injustas como cualquier generalización, la noticia de que el Supremo ha tumbado los llamados “treinta minutos de tolerancia” en el horario de entrada y salida del personal de ese Cabildo devuelve los chascarrillos a la actualidad. No parece aceptable que el comité de empresa haya empleado sus esfuerzos en mantener el derecho de los trabajadores a esa media hora diaria de impuntualidad pactada en un convenio colectivo por algún irresponsable político que probablemente haya pensado más en la paz social dentro de la institución que en la injusticia que supone por su discriminación respecto a los demás funcionarios y el resto de trabajadores. Ni siquiera era preciso que una ley básica, promulgada por el actual Gobierno nacional, obligara a cumplir 37,5 horas semanales para evitar un privilegio así. El sentido común que faltó cuando se aprobó debió haber bastado. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo no han dado la razón al comité de empresa, un derrota que no ayuda a restablecer la imprescindible buena imagen de los sindicatos en unos momentos en que son tan necesarios para los derechos básicos de los trabajadores. Y de los ciudadanos, que necesitan unas instituciones públicas fuertes que presten de modo eficiente los servicios que el poder absoluto trata de privatizar.