La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas conocida este lunes da por buena en su integridad la dictada en su día por la magistrada Cristina Villa, que recordó al denunciante, José Manuel Soria, que “de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo el que divulgue irregularidades en su funcionamiento (...)”. El ius puniendi viene a ser la capacidad sancionadora de los poderes públicos, el miedo blandido contra el discrepante, contra el crítico, aprovechando el poder del Estado . No hay que olvidar que Soria presentó su denuncia ante la Policía siendo presidente del Cabildo y una reconocida autoridad autonómica, y que pidió para el periodista la máxima pena, dos años de prisión, además de 300.000 euros de indemnización. La Audiencia,que vuelve a resaltar los valores de la libertad de expresión, ha resaltado que lo escrito “no pasa de ser una crítica informativa a una figura pública”.