Los exegetas de los empresarios y de los políticos tinerfeños implicados en el caso Las Teresitas se saltan con demasiada frecuencia otros hechos verdaderamente relevantes para entender este enorme pelotazo. Dos sentencias del Supremo, situada una al principio de la operación, en 1998, y la otra en 2007, con el sumario penal ya abierto, son esclarecedoras. La primera, en la mismísima víspera de la compra de Las Teresitas a la Junta de Compensación por parte de los empresarios González y Plasencia fue filtrada 24 horas antes de ser emitida. Tal resolución daba carta de naturaleza a la condición de urbanizables de los terrenos en litigio, lo que propició aquella primera compra-venta por 30 millones de euros. La segunda sentencia, la de 2007, anuló la compra-venta posterior, la que realizó el Ayuntamiento por más de 52 millones de euros más derechos edificatorios en el Valle de Huertas, en favor de los empresarios que tan noblemente se prestaron a ese sacrificio por el bien de la sociedad tinerfeña. Y el Supremo anuló la operación porque detectó una grave irregularidad: se sacó del expediente municipal un informe pericial de la arquitecta competente en la materia porque rebajaba considerablemente el valor que se pagaba. Los dueños de ILT ganaron con esa generosidad del alcalde Zerolo y de toda su Corporación unas plusvalías cifradas en 90 millones de euros. Son hechos inamovibles, hechos periodísticamente relevantes para entender todo lo que vino a continuación, que es el relato policial que unos llaman tira de Anacleto (Diario de Avisos) y otros “un juicio a toda la sociedad tinerfeña y a empresarios de la valía, el sacrificio personal y la bonhomía de Antonio Plasencia Santos y de Ignacio González Martín” (El Día).