Un mes antes de que saltara el escándalo a la prensa y comenzaran las detenciones del caso de las agencias de viaje, entraba de manera muy sonada en la Inspección General de Servicios del Gobierno de Canarias una voluminosa denuncia redactada por un muy activo abogado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia abordaba asuntos muy espinosos relacionados con hoteles rurales y con agencias de viaje, e implicaba a la Consejería de Turismo, al Patronato de Turismo del Cabildo grancanario y a esta Corporación misma. Como se hace en todos los casos, la Inspección General de Servicios, una especie de departamento de asuntos internos de la Comunidad Autónoma, remitió una copia de la denuncia a la Consejería de Turismo y se guardó el original. Pero cuando estalló el escándalo, la jefa de la inspección, Socorro Beato, mandó a pedir el original, que le fue remitido a su despacho de Santa Cruz de Tenerife, ese que sólo abandona una vez al mes para acudir a echar un vistazo a las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria, donde se acumulan y se acumulan denuncias e informes que en ocasiones hacen inútil este servicio.