El grupo Montesano, sobre la importación de carne de zonas deforestadas de la Amazonia: “Nos informamos de que cumplen con la normativa”

Vista general de la línea de producción de la compañía del grupo cárnico JBS

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Grupo Montesano, dedicado a la elaboración de productos cárnicos con sede en Tenerife, se ha hecho eco en redes sociales de la investigación de las ONG Greenpeace y Repórter Brasil, en la que la empresa canaria aparecía en un listado de entidades que importaron, entre abril de 2018 y junio de 2019, productos de JBS, Marfrig o Minerva Foods que, según el documento publicado a inicios de este mes, obtienen parte del ganado de granjas ubicadas en el parque natural Serra Ricardo Franco (en el estado brasileño de Mato Grosso, fronterizo con Bolivia). Se trata de una zona protegida de la Amazonia donde miles hectáreas han sido deforestadas ilegalmente, según imágenes satelitales reflejadas en el informe.

“Cuidamos de nuestros proveedores por ética empresarial y por nuestra propia reputación. Nos informamos de que tengan los más altos estándares de calidad; así como de que cumplan con la normativa de su país, y del nuestro”, ha dicho Montensano en la red social Twitter, compartiendo a su vez sendos comunicados de JBS y Marfrig.

En concreto, la investigación de Greenpeace asegura que 4.000 cabezas de ganado de las granjas denominadas Paredão I y II (de 4.000 hectáreas y miles deforestadas ilegalmente) fueron vendidas a otras instalaciones fuera del espacio protegido, a la granja Barra Mansa, entre 2018 y 2019, todas propiedad de Marcos Assi Tozzatti. Durante ese periodo, JBS, Marfrig y Minerva compraron reses de Barra Mansa: aproximadamente 8.300 en total y exportaron más de 50.000 toneladas de carne en el tiempo analizado, según el informe.

Greenpeace aclaró que los mataderos solo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro. “Esto permite la entrada de reses que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena, un verdadero lavado de ganado ilegal” afirma.

Después de que la agencia Reutersel periódico británico The Guardian se hicieran eco del informe de Greenpeace, la multinacional brasileña JBS, una de las mayores productoras cárnicas del mundo que exporta a 150 países, lanzó un comunicado en el que afirmaba que las fincas de Paredão I y II nunca han sido incluidas en su lista de abastecimiento. Pero sí Barra Mansa, que cumple con la política de compras responsable de la compañía, según la nota.

La multinacional, que se define como impulsora de soluciones para esta industria, alega que el lavado de ganado es un fenómeno relativamente reciente propiciado por aquellas granjas que han hallado nuevas formas de eludir las acciones para erradicar la deforestación y asegura que, además de no incluir en su lista de proveedores a estas fincas, dice colabora en el monitoreo para controlar y frenar estas prácticas. En este sentido, sostiene que el 1 de julio de 2020 tendrá efecto el “indice teórico”, un sistema que mide la productividad de una granja por hectárea y año, para identificar fincas sospechosas de lavado de ganado.

Por su parte, Marfrig, multinacional brasileña de alimentos y bebidas presente en 22 países, también reconoció que solo Barra Mansa es un proveedor registrado y afirma que 180 cabezas de ganado con esta procedencia fueron sacrificados por la compañía entre julio de 2018  y abril de 2019. También dice que cumple con la política de compra de reses y de monitoreo satelital, auditado anualmente por una compañía externa: el 100% de sus compras fue realizada a granjas monitorizadas, dice en un comunicado.

La compañía defiende que las granjas Paredão I y II no forman parte de su lista de proveedores y no les suministran de ganado, al tiempo que defiende que cualquier transferencia de una finca ubicada en un área protegida a otra constituye una actividad ilegal. Al igual que JBS, Marfrig dice que está desarrollando diferentes iniciativas para prevenir y evitar actividades ilegales, como establecer protocolos unificados de compra de ganado o realizar un mejor monitoreo de su cadena de suministro.

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