El Cabildo de Gran Canaria responde al grupo Mestisay que no censura a ningún colectivo cultural por sus posicionamientos políticos

Carmelo Ramírez (en el centro), conversa con consejeros del PP y Cs en el Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha desmentido este viernes que haya ejercido ningún tipo de censura ni persecución con el grupo musical Mestisay (ni con ningún otro) por motivo de un posicionamiento político. “La acusación es rotundamente falsa porque el Cabildo Insular ha pagado durante los dos últimos años a este grupo y sus empresas la cantidad de 173.000 euros. Más de 30.000 euros por actuación en distintos municipios de la isla, más otras acciones de comisariado de actos culturales o charlas”, explica Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias en la corporación insular. “No hay ningún grupo musical en Gran Canaria que haya recibido una cantidad similar”, sentencia.

El Cabildo hace esta aclaración después de que el grupo musical alegara esta semana una supuesta persecución y censura contra sus componentes después de no haber logrado volver a actuar en un concierto en el Mirador de las Dunas de Maspalomas el día de Año Nuevo. Mestisay afirmaba en un comunicado que la causa es su oposición pública al proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Salto de Chira.

El portavoz de NC en el Cabildo, Carmelo Ramírez, recuerda que este proyecto ha sido aprobado y apoyado por todas las instituciones implicadas, desde los ayuntamientos del sur de la isla al Gobierno de España, que financia la central hidroeléctrica, el propio Cabildo (promotor del proyecto a través del Consejo Insular de Aguas) y el Gobierno de Canarias. “Se trata de un proyecto estratégico para la isla que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental positiva, tras superar tres procesos de información pública a los que ni Mestisay ni la plataforma en la que participan presentaran alegaciones”, añade Ramírez.

El texto y “las afirmaciones de Mestisay fueron difundidas sin contrastar ni comprobar su veracidad, dando por válido el discurso victimista y difamatorio de este grupo musical. Un alegato cuyo objetivo es dañar la honorabilidad, transparencia y capacidad de las instituciones”, añade el portavoz de NC, “al afirmar públicamente los músicos/empresarios Manuel González, Olga Cerpa y Antonio Montesdeoca que se les deniega celebrar el concierto en el lugar que ellos desean como parte de una conspiración”, en un “intento de atemorizarnos” por parte de la concejala de Cultura del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, de quien el grupo musical afirma en su comunicado que sigue “instrucciones desde el entorno de la cúpula de su partido [NC] en Gran Canaria”.

La concejala es representante de Nueva Canarias, organización que gobierna en el municipio sureño en un pacto con otros grupos y que lidera el PSOE. Se da la circunstancia de que el PSOE y Nueva Canarias gobiernan también el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como el Cabildo Insular, presidido por Antonio Morales (NC) mediante un pacto programático que incluye el proyecto de central hidroeléctrica reversible. Estos partidos, incluido Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno autonómico, insular y de la capital grancanaria, “no realizan ninguna censura al grupo o empresas vinculadas a dichos músicos, quienes no sólo han sido contratados ininterrumpidamente durante décadas por las instituciones citadas, sino que es probablemente el grupo musical que más conciertos han celebrado con el apoyo de estas instituciones en los últimos años”, afirma Carmelo Ramírez.

En el caso de San Bartolomé de Tirajana, ha realizado tres conciertos en los años 2020, 2021 y 2022, añade. “Y la concejala ha explicado que se ha optado por realizar otro concierto en otro enclave”, explica Ramírez, para “diversificar la propuesta musical del municipio y trasladarla de un lugar tan sensible como el borde de las dunas al faro de Maspalomas”.

Además, “este grupo ha actuado en otros municipios donde gobierna Nueva Canarias, el PSOE o ambos partidos en coalición, sin que el posicionamiento político de los tres músicos sobre el proyecto de la central hidroeléctrica supusiera impedimento alguno para su contratación o se les censurara de alguna manera”, añade Carmelo Ramírez.

Uno de los casos es el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde en el último año el grupo ha realizado conciertos en la mayoría de los distritos con su espectáculo Vereda Tropical junto a la Banda Sinfónica Municipal y otras muchas actividades como el concierto en honor a Néstor en la Plaza de Santa Ana, apunta NC. “Con casi total seguridad los cachés percibidos por este grupo desde el ayuntamiento capitalino doblan la cantidad percibida por los conciertos del Cabildo”, explica Ramírez.

“Es más, y para mayor confirmación de la nula existencia de censura alguna a este grupo musical ni a ninguno de sus integrantes, la última campaña de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del año pasado la protagonizó Olga Cerpa, y la responsable de esta área municipal es la concejala Mary Carmen Reyes, de Nueva Canarias”, añade el portavoz del partido.

Las acusaciones de este grupo “son pura difamación e intimidación, que atenta contra las instituciones y se suma a los sucesivos ataques e insultos personales proferidos por Manuel González, quien ha calificado al presidente insular como sectario o dictatorial, así como ha descrito al Parlamento de Canarias como un teatrillo, sin otro objetivo que dañar la imagen del presidente insular, la de los partidos políticos y las instituciones para obtener prebendas y un trato de privilegio sobre el sector cultural de la isla”, afirma Carmelo Ramírez.

“Los datos hablan por sí solos. El grupo Mestisay y sus tres tres productoras vinculadas no han recibido ningún tipo de censura”, añade.

Los datos de facturación de este grupo con las instituciones (Cabildo Insular y resto de corporaciones) “demuestran que las acusaciones vertidas no tienen nada que ver con la libertad de expresión, ni con la supuesta defensa del medio ambiente o el patrimonio cultural, sino con intereses económicos particulares”, concluye Carmelo Ramírez.

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