Báñez marca como prioridades el empleo estable, flexibilidad y la formación

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Una vez que se ha cumplido el plazo dado a los agentes sociales para alcanzar un acuerdo de cara a la reforma laboral, el Gobierno está trabajando ya “muy en serio” en el diseño de una norma que tiene como prioridades la estabilidad en el empleo, la flexibilidad interna y la formación continua de los trabajadores, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En este sentido, el departamento que dirige Fátima Báñez “no tiene plazos” cerrados para presentar la norma esta misma semana, que podría traducirse en un proyecto de ley, y mantiene “permanentemente abiertas las todas las vías de comunicación” con patronal y sindicatos, aunque por ahora no se ha convocado una nueva reunión.

El Gobierno ha intensificado la tarea que ya llevaba realizando desde la toma de posesión de Báñez y su reforma laboral recogerá el espíritu de las 71 enmiendas presentadas a la anterior regulación del mercado de trabajo, que el Gobierno del PSOE presentó a mediados de 2010, así como el programa de Gobierno con el que el PP concurrió a las últimas elecciones.

Eso sí, el Ministerio recalca que la norma no se limitará a copiar dichas enmiendas, sino que las “actualizará” a la luz tanto de las modificaciones legales que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó en materia laboral como de la actual situación económica.

SUS 71 ENMIENDAS.

El PP planteaba en dichas enmiendas extender el contrato de fomento del empleo, suavizando las condiciones de acceso para “incentivar a los empresarios a la contratación estable”, de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar tres meses en situación de desempleo antes de acceder a esta modalidad contractual, que incluye una indemnización de 33 días por año trabajado.

En materia de flexibilidad interna de las empresas, abogó por regular un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, así como agilizar los procesos de “revisión” para que, sin necesidad de denuncia, los acuerdos en vigor pudieran cambiarse “de forma natural y en un contexto de paz social”.

Y todo esto en aras del “fortalecimiento” de la flexibilidad interna en la empresa, para lo que también propugnó la modificación de los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, “haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa”.

DERECHO DE HUELGA Y FOMENTAR ERES TEMPORALES.

Asimismo, planteó que se impidiera adoptar “medidas de huelga o conflicto colectivo” que tengan por objeto alterar lo pactado en un convenio colectivo durante su vigencia, aunque se negocio su revisión. La propuesta, afectaba al Estatuto de los Trabajadores y se enmarcaba en sus iniciativas para “fortalecer” la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.

También pedía reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, “distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas” para permitir que las empresas y los trabajadores puedan mantener los contratos de trabajo y adaptarse a las nuevas necesidades “de modo que el despido sea la última opción”.

SIMPLIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Además, en el programa electoral que el PP presentó unos días antes de que comenzara la campaña, los 'populares' ya se comprometían a poner en marcha una “reforma integral del mercado de trabajo” que supusiera un “cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”.

Además, avanzaba que se simplificaría la tipología de contratos laborales y se reformaría la estructura y contenidos de la negociación colectiva, de manera que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial “óptimo”.

También incluía la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador --siguiendo el modelo austriaco--, que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua