Blesa y Díaz-Ferrán declararán como imputados por un crédito al empresario
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha llamado a declarar como imputados el próximo 5 de diciembre al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y al de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la aprobación un crédito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedió al empresario.
Así consta en un auto dictado por este órgano judicial en el que se acuerda reabrir las diligencias que se incoaron tras la presentación de una querella del sindicato Manos Limpias, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que tanto Blesa como Díaz Ferrán podrían ser indiciariamente autores de delitos societarios y falsedad documental.
El sindicato solicitó la imputación de Blesa y Díaz Ferrán, así como del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura; y todos los consejeros de Caja Madrid y Bankia durante las presidencias de Blesa y Rodrigo Rato.
A todos ellos les atribuían delitos societarios, de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil e imprudencia grave en el control de las sociedades.
CONCESIÓN DE CRÉDITOS
En su querella Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como “garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra”. La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa.
Manos Limpias considera, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave “al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control”.
El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de la querella argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación “de una forma muy genérica y sin ninguna concreción”, pretendiendo la ampliación del procedimiento “a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente”.
