Contas desvela que los interventores municipales sin plaza proponen menos reparos a los manejos de dinero público

El Consello de Contas ha encontrado una correlación entre la fijeza de los interventores municipales y la rigurosidad de sus controles. Según el último informe del órgano fiscalizador, el número de expedientes que no encuentran inconvenientes al pasar por las manos de los habilitados nacionales con nombramiento definitivo apenas llega al 40% del total (39,7%). Sin embargo, la media de quienes ejercen el puesto por motivos diferentes–de forma interina o acumulando funciones– se eleva en diez puntos y llega casi hasta 16 cuando es otro funcionario del ayuntamiento quien debe ocupar el cargo de manera accidental: en este caso los asuntos sin reparos alcanzan el 55,5%.

Es una de las principales conclusiones del Informe de fiscalización de la provisión de los puestos de intervención y secretaría-intervención y la cobertura de sus funciones sobre el año 2023 y que se ha hecho público este jueves, una semana después de su aprobación por el pleno del Consello. En ese año, el porcentaje de interventores en precario, sin plaza definitiva, era del 46%. Dos años después, en 2025, esa cifra caía un par de puntos y los puestos cubiertos por concurso subían hasta el 56%.

Según los datos expuestos por Contas, los supuestos en los que, durante 2023, el órgano interventor no efectuó ningún reparo a expedientes de gasto, expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa o sin que se rindiese información obligatoria pasaban del 39.7% de aquellos que contaban con una plaza ganada por concurso a un 50% de media en los otros tres casos: aquellos en los que se acumulan las funciones de secretario e interventor (43.4%), los que cuentan con un nombramiento interino (51.2%) o el nombramiento accidental de un funcionario de la propia entidad municipal (55.5%).

No es el único toque de atención que se desprende de un informe que también hace referencia al polémico anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia, un documento que esta misma semana provocaba un choque institucional entre la Xunta del PP y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el socialista Alberto Varela. Contas señala que el gobierno gallego no le remitió el texto, a pesar de que la norma que regula el órgano indica que deben someterse a su informe “las proposiciones de ley y los anteproyectos que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones”.

En 2014, la ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establecía en su disposición adicional primera que la Xunta “presentará al Parlamento, dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales, un proyecto de reforma de la Ley de Administración local de Galicia, para la actualización y adaptación de la normativa autonómica vigente de régimen local”. Doce años después, ese anteproyecto acaba de iniciar su tramitación. Por eso, el informe recomienda a las entidades locales que requieran de la Xunta “la urgente adaptación de la normativa autonómica” a la normativa básica del Estado para “facilitar el adecuado desarrollo de competencias que le corresponden y su aplicación (...) en relación con la efectividad del control interno local”. Algo similar sucede con los interventores municipales: la normativa autonómica que regula esa figura sigue siendo la del año 2009 cuando casi una década después, en 2018, se aprobó una nueva normativa básica estatal.