El Consello de Contas asume que no podrá auditar al Parlamento gallego y lo borra de su Plan de Trabajo para 2026

El Consello de Contas tira la toalla. El Plan Anual de Trabajo para 2026 del ente fiscalizador del sector público en Galicia no incluye la auditoría de las cuentas del Parlamento autonómico. El órgano se rinde después de intentarlo sin éxito durante los dos últimos años, una aspiración que fue frenada sobre la bocina con un cambio en el reglamento de la propia Cámara, respaldado de forma unánime por las tres fuerzas políticas representadas en su Mesa. Contra este “decaimiento” se ha presentado un voto particular, el del conselleiro Simón Rego.

Pese a que comenzó a funcionar en 1991 –diez años de su creación en el Estatuto de Autonomía–, el Consello de Contas no había decidido fiscalizar la actividad del Parlamento hasta 2024. El 30 de julio de ese año finalizaba el plazo para que la Cámara le remitiese toda la documentación sobre el ejercicio previo; sin embargo, lo que sucedió fue algo muy diferente: la Mesa del Parlamento aprobó con el apoyo de sus tres partidos integrantes –PP, BNG y PSdeG– modificar el reglamento de la institución para declarase inauditable.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a mediados de agosto, eliminaba la disposición tercera del artículo 23, donde se recogía literalmente que las cuentas del Parlamento y la Valedora do Pobo serían enviadas, tras su aprobación, al Consello de Contas y publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia.

El argumento tras ese cambio se basaba en que la ley que creó el Consello lo configuró como un órgano asesor del Parlamento, directamente dependiente de él, y se amparaba en la Constitución para justificar la modificación: en el artículo 153, donde se indica que el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal de Cuentas, y en el 136, que expone las funciones fiscalizadoras de este Tribunal.

En un primer momento, la decisión de la Mesa no convenció al Consello de Contas, que en 2025 volvió a incluir la fiscalización de la cuenta general de la Cámara en su plan de trabajo anual. El resultado fue idéntico: el Parlamento aceptó el resto del documento pero se negó de nuevo a ser auditado. En el Plan de 2026, que acaba de ser publicado en la web del ente, el Consello asume su derrota y renuncia a realizarlo.

“Riesgo para la independencia”

El Plan de Trabajo se cierra con el voto particular de uno de los cinco conselleiros, Simón Rego, en el que se muestra muy crítico con la rendición de sus compañeros. “Manifesto mi discrepancia en lo que supone de imposibilitar el cumplimiento de un mandato jurídico obligatorio para la institución, así como de desconocimiento de las competencias de la institución en la aprobación de su Plan Anual de Trabajo”, escribe.

El conselleiro relata que la decisión de “decaer” la fiscalización de la Cámara se tomó en el pleno del Consello del 19 de diciembre y que fue una “consecuencia” del acuerdo de la Mesa del Parlamento del 4 de febrero de 2025 que acordó “admitir a trámite todo el plan de trabajo para el año 2025 excepto la dicha fiscalización”. Ese plan es una “competencia propia exclusiva” del ente. Por tanto, entiende que la interpretación de sus cuatro compañeros conlleva “un riesgo muy significativo” para la “independencia” de la labor de control al asimilar “recomendaciones o sugerencias de la Comisión Parlamentaria con mandatos imperativos”.

Además, Rego señala que, tal y como indica el propio reglamento del Consello, el Parlamento le remitirá “sus cuentas generales antes del 30 de julio del año siguiente al del ejercicio económico al que correspondan, para su fiscalización”. Algo que, según dice, hizo todos los años excepto en el que sabía que sería auditado. Esto, dice, crea un precedente que podría ser utilizado por fundaciones públicas u otras entidades del sector.

El Parlamento pone el foco en Jácome en vísperas de elecciones municipales

Que el Parlamento se declare inauditable no significa que no pueda seguir realizando recomendaciones al Consello. El Plan de Trabajo para 2026 recoge varias. Entre ellas, la fiscalización selectiva del concello de Ourense, gobernado por la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome. Es la única recomendación específica de la Cámara en un ámbito, el de las corporaciones locales, en el que el ente pondrá el acento durante este ejercicio, previo a las próximas elecciones municipales.

El Consello analizará el control de ingresos de los ayuntamientos, la gestión de las concesiones de servicio y dominio público en los de más de 50.000 habitantes. También diseccionará los contratos de patrocinio o los ingresos recibidos por la gestión y reciclaje de envases y, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, se fiscalizará el servicio de ayuda en el hogar y la atención a las personas sin techo.

El Consello analizará cómo se aplicaron los fondos Next Generation en las residencias gallegas, el programa de fomento de la minería entre 2022 y 2024. También dedicará informes a la gestión de SOGAMA, la empresa encargada de la gestión de residuos y el contrato-programa entre el Servizo Galego de Saúde y la empresa pública Galaria. En 2026 se conocerán otros informes, ya en marcha, como la auditoría de las zonas de bajas emisiones, el análisis de la eficiencia de las dos fusiones municipales gallegas o una auditoría “exprés” sobre la tasa turística que A Coruña y Santiago comenzaron a aplicar desde este otoño.