Feito ve “vital” que España frene su “hemorragia” de credibilidad presupuestaria

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que es “vital” que España frene cuanto antes la “hemorragia” de credibilidad presupuestaria que sufre, “con independencia de que se pida o no el rescate”, para salir de la crisis.

Así lo ha asegurado el presidente de la organización, José Luis Feito, durante un encuentro con los medios de comunicación para valorar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. Según Feito, “España está desangrándose en términos de credibilidad por su incapacidad de situar el déficit de las administraciones públicas en una senda que frene el crecimiento de la deuda”.

En su opinión, los PGE para el próximo año “demuestran que el Gobierno está verdaderamente decidido a corregir el abismal desequilibrio presupuestario que existe en este país, a pesar de que se encontró con un sorpresa negativa en cuanto al cierre del déficit del 2011”.

Para el presidente del IEE, lo más “positivo” del Ejecutivo es que “ha reaccionado” y ha sido capaz de tomar una serie de medidas para intentar cumplir con el objetivo de déficit del 6,3% del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y del 4,5% para el que viene“.

No obstante, el organismo ha advertido de que las subidas de impuestos que ha efectuado la Administración, “sobre todo las que gravan el trabajo y la inversión”, tienen que ser “transitorias” y no deben durar más de tres años, “pues son un lastre para el crecimiento de España”.

Además, Feito ha afirmado que si la subida del IVA se hubiese producido a principios de año, “el incremento no habría sido tan intenso y se hubiesen podido rebajar las cotizaciones sociales”. “De esta forma, se hubiesen podido cumplir mejor los objetivos de déficit para 2012 y se habría suavizado la recesión”, ha apostillado.

Por su parte, el director general del instituto, Joaquín Trigo, ha calificado los PGE de 2013 de “algo optimistas, dada la liquidación del presupuesto del año pasado, que pone en riesgo la credibilidad del sector público español”.

No obstante, Trigo ha resaltado que el Gobierno ha proyectado estos presupuestos en una situación deficitaria “muy difícil” y con unas pautas por parte de la UE “que no son habituales en España y con una devaluación interna que tampoco es habitual”.

“ESPAÑA TENDRÁ QUE HACER MÁS RECORTES”

José Luis Feito ha vaticinado que España tendrá que hacer más recortes y tomar más medidas adicionales para reducir su déficit público, “independientemente de lo que diga o no el Ejecutivo”.

En este sentido, el presidente del IEE ha enumerado una serie de diferencias que tiene España respecto al resto de países de la UE, “como unos impuestos indirectos muy bajos, una gran cantidad de personal público respecto al gasto público, unas prestaciones sanitarias muy generosas o un sistema de infraestructuras único en Europa, sin peaje en las carreteras de alta velocidad”.

“Así, España compite con países que no tienen esa carga en sus presupuestos, por lo que el Gobierno tendrá que seguir haciendo recortes y la gente tendrá que acostumbrarse, aunque sea duro”, ha señalado.

Por ello, el instituto ha insistido en la “importancia” de conseguir cumplir con los objetivos de déficit. “El problema es que este control deficitario está cuestionado, porque en España las comunidades son autónomas y unas son más austeras que otras, por lo que habrá muchas discusiones para asegurar ese cumplimiento”, ha resaltado Trigo.

“REVALORIZAR LAS PENSIONES SERÍA UN DISLATE”

Por último, Feito ha subrayado que revalorizar las pensiones respecto al IPC el próximo mes de noviembre “sería un dislate, tal y como está ahora la situación económica del país”.

Para el IEE, si España quiere mantener el nivel de pensiones actual tiene que mantener el nivel de recaudación de la Seguridad Social, “partida que caerá un 1,6% por el aumento del desempleo y los incrementos de las subvenciones por cese de actividad o beneficios sociales”.

Además, Feito ha destacado que las pensiones españolas “son muy generosas en el sentido de la cantidad de años que hay que trabajar para tener derecho a percibirla”, aunque ha admitido que “no son tan altas como creen en Bruselas”.

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