Huelga de hambre por el tomate de La Aldea

Siete empresarias y trabajadoras agrícolas de La Aldea de San Nicolás han pasado la noche frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria tras comenzar una huelga de hambre el martes por la tarde.

Aseguran no haber ingerido alimentos desde entonces y afirman que no se apartarán del edificio hasta que la Administración regional ingrese a la Cooperativa Coagrisan de la Aldea, cuya gestión se centra principalmente en el sector del tomate, una deuda de 7,4 millones de euros que, según denuncian, lleva acumulándose desde 2010.

El representante de la sección del Tomate en COAG-Canarias, Guillermo Quintana, explica que unas 1.000 personas trabajan en este cultivo en La Aldea, lo que supone el motor económico del municipio. Según advierte Beatriz Sosa, una de las empresarias que dice haberse visto obligada a tomar esta drástica medida, la mayor parte de la mano de obra se encuentra “en el filo de perderlo todo”.

Desde el inicio de la crisis económica, el paro se ha incrementado hasta el 40% en La Aldea, que además ha perdido más de un 60% de terreno cultivado, lo que supone unas 500 hectáreas, afirma Quintana. Por este motivo, las agricultoras reclaman al Gobierno canario que implante, además, un coste diferencial en el precio del kilo del tomate, mediante el cual se puedan cubrir los costes de producción. Según lamenta Sosa, los medios burocráticos iniciados desde la Cooperativa “no han conseguido nada”.

“Ya no sabemos de dónde recortar, la Cooperativa ya no nos puede dar anticipos, los bancos ya no nos quieren, si no nos llega ese dinero, no podemos”, manifiesta Sosa, motivo por el que muestra su determinación por “luchar por lo nuestro, o en cuestión de menos de un año vamos a pasar hambre de verdad”.

Varias de las huelguistas advierten de la lamentable situación en que se encuentra el sector tomatero en el municipio y aseguran tener hipotecados “hasta los gatos” para poder sacar adelante sus explotaciones. En este punto, una de las propietarias, Dominga Luján, afirma que el miedo a perder su casa “como ya ha ocurrido a personas cercanas” la ha llevado a tomar esta decisión. “Desde que cogí el biberón trabajo en los tomateros”, asegura Luján, cuya familia se muestra preocupada por su salud al haber sufrido un infarto hace poco más de un año.

Agentes de la policía nacional han ordenado a las afectadas levantar las casetas de campaña en las que piensan volver a pasar la noche, ya que insisten en que no cesarán hasta que el Gobierno les ingrese el dinero. Aunque no descartan que más personas se unan a la causa, Fayna Ramírez y Laura Martín remarcan que “nosotros luchamos hoy aquí, para que mañana pueda haber trabajo allá”.

María Luisa Segura, afirma haber echado de menos su hogar durante la noche, pero el haberse quedado en paro por primera vez desde que comenzó su primera “zafra”, hace 33 años, y el que los empresarios que la contrataban se encuentren “trabajando día y noche” es motivo suficiente por el que asegura que aguantará “hasta el final”.

Por otro lado, las agricultoras valoran la predisposición del Gobierno de Canarias de buscar una solución, tras haber sido recibidas por director del gabinete de la Presidencia del Ejecutivo, Nicolás Ojeda, ya que el presidente Paulino Rivero no se encontraba presente.

Quintana explica que el montante adeudado proviene de las ayudas a la modernización modernización de explotaciones del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, el Plan Estratégico del tomate y la compensación al transporte, esta última, procedente de fondos del Gobierno central.

Coste diferencial

Sosa exige al Gobierno canario que “garantice el futuro” de la producción tomatera con la implantación de un coste diferencial de unos 15 o 20 céntimos. En este punto, Quintana explica que Canarias compite en la Unión Europea (UE) con países como Marruecos o Turquía, cuyos costes de producción son más baratos que en el Archipiélago.

Denuncia que el sector registra pérdidas constantes, ya que los agricultores cobran 42 céntimos por un kilo de tomates, cuando los costes de producción ascienden a 60. El mencionado diferencial, sería financiado por el Plan de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) y serviría para compensar ese desequilibrio, explica.

En ese sentido, reivindica que a pesar de que el tomate representa el 14% del conjunto de la producción agraria en Canarias, sólo percibe el 4% de unas ayudas europeas “que alguien se lleva”.

El Fundador de la Asociación Foro Roque Aldeano, Paco Ramos, que se encontraba en la zona, afirmó que la tensión de las siete agricultoras estará controlada mientras sigan en huelga de hambre y en caso de que se registren anomalías se procederá a llamar al Servicio Canario de Salud. Ramos, que señaló que alguna de las afectadas habían comenzado a tener dolor de cabeza, se mostró rotundo al manifestar que “estamos hartos de caminar por los senderos del diálogo y la tolerancia” y añadió que “hay una respuesta en la calle distinta a la que nos dan políticos”.