Melchior considera ''desproporcionado'' paralizar la obras de Granadilla
El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, consideró este martes “absolutamente desproporcionada” la decisión de la sala de lo contencioso administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha supuesto paralizar las obras del puerto de Granadilla.
Melchior se pronunció de este modo tras leer una declaración en la que el Consejo de Gobierno Insular señala que la pérdida de la población de seba entre un 0,9 y un 1,26% del total conocido en la zona en la que se construiría el puerto “no parece justificar, por desproporcionada” la paralización de una obra de interés público general y social.
El presidente del Cabildo de Tenerife cree que los magistrados “no han evaluado con la intensidad necesaria” el daño que supone paralizar las obras, e insistió en que la decisión la adoptó la sala de “Las Palmas”.
El Consejo de Gobierno Insular aspira a que las obras del puerto de Granadilla puedan continuar normalmente y ofrece su colaboración para culminar una planificación de interés general decidida desde hace décadas para el desarrollo sostenible de la isla.
La paralización de esta obra en un momento de “gravísima crisis” general supondría, a juicio del Consejo de Gobierno Insular, aumentar las consecuencias de la misma “a extremos de enorme intensidad”.
En la declaración el Consejo de Gobierno Insular señala que el puerto de Granadilla es un proyecto de interés público que “siempre” ha contado con el apoyo del Cabildo tinerfeño por unanimidad de los grupos políticos.
Reconoce que el Cabildo de Tenerife no es competente ni en la proyección y contratación del puerto, ni en la descatalogación de especies, pero entiende que la tramitación realizada por las administraciones, en particular en lo que se refiere a la protección del medio ambiente, se ajusta a la legalidad.
Las obras del puerto de Granadilla están suspendidas de forma cautelar una vez que la sala de lo contencioso administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido la orden por la cual el Gobierno canario descatalogó parte de la población de seba afectada por la construcción de la infraestructura.
