Se podrán retomar 15.000 camas congeladas
La Ley de Renovación y Modernización Turística que acaba de aprobar el Parlamento canario permite, en el caso de Gran Canaria, retomar la construcción de alrededor de 15.000 plazas hoteleras que contaban en su momento con todos los permisos, pero que quedaron “congeladas” por la moratoria.
El Gobierno canario estima que esa es la cifra de plazas de nueva construcción que la ley podría activar en Gran Canaria a través de una de las excepciones que introduce a las sucesivas moratorias en vigor desde 2000: la posibilidad de rescatar aquellos proyectos que ya tenían autorización previa, según ha explicado hoy a Efe el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente.
“La ley permite que esas plazas se puedan materializar y construir en los suelos habilitados”, ha añadido.
Fernández de la Puente ha subrayado, por ello, que no es cierto que la ley no permita la construcción de hoteles de menos de cinco estrellas, porque sí lo autoriza si van ligados a la renovación de plazas ya existentes y también permite retomar “aquellas plazas autorizadas previamente pero todavía no materializadas”.
No obstante, el viceconsejero ha incidido en que el primer objetivo de la ley es incentivar la renovación de la planta alojativa de Canarias que, con el paso del tiempo, o bien ha quedado obsoleta, o bien requiere modernizarse para ser más competitiva.
Fernández de la Puente estima que, en Gran Canaria, existen “en torno a 70.000 plazas de una y dos estrellas, en apartamentos que en muchos casos son obsoletos y que necesitan renovación”.
“Esos apartamentos están situados en muchos casos en las mejores zonas y hay que darles una salida. No podemos, por decirlo de modo gráfico, ponerles un velo negro y ocultarlos a la vista. Eso se tiene que volver a poner en valor”, ha defendido.
El Gobierno de Canarias asegura que ya tiene firmados o en vía de firma convenios de renovación en Gran Canaria que darían como resultado la construcción de 7.000 plazas hoteleras, con la categoría que su promotor decida.
La Viceconsejería sostiene que, pese a las críticas que ha recibido del Cabildo de Gran Canaria y del sector empresarial, la ley “ha flexibilizado notablemente” la situación.
“No se ha pretendido legislar contra ninguna isla”, sentencia Fernández de la Puente, quien opina que lo que el equipo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria (PP) reclama es que “en esta isla no exista limitación, se le permita crecer y se pueda llenar cualquier hueco que esté disponible”.
