El Servicio Canario de Empleo compromete el 99% de las subvenciones para políticas activas de empleo

El Servicio Canario de Empleo (SCE) tiene comprometida la ejecución del 97,8% de su presupuesto de 2020, un porcentaje que en el caso de las subvenciones para políticas activas de empleo asciende hasta el 99,2%. Este cumplimiento ha sido posible “gracias al enorme esfuerzo realizado por los casi 700 trabajadores y trabajadoras de este organismo, en un contexto muy difícil marcado por la pandemia”, afirmó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, quien lamentó que la oposición “tergiverse” los datos de ejecución presupuestaria y rechazó tajantemente “el uso político del gran trabajo realizado por el SCE”.

Máñez consideró “rotundamente falso” que el Servicio Canario de Empleo haya dejado de ejecutar 139 millones de euros, una afirmación “sin fundamento” fruto del interés político en atacar al Gobierno “aunque sea poniendo en duda el gran trabajo de cientos de profesionales cualificados”. Así, reiteró su agradecimiento por el trabajo del personal del SCE, especialmente en 2019 y 2020, un bienio “marcado en el último año por la pandemia y en el que aumentó la ejecución presupuestaria respecto al final de la legislatura anterior”.

Por su parte, la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, también alabó el trabajo de su equipo en la gestión de las políticas activas de empleo, especialmente durante la pandemia, un trabajo que ha permitido ejecutar al 99,2% la gestión de subvenciones y que ha contribuido a “responder a la COVID-19 y sus consecuencias con un amplio paquete de políticas activas de empleo, facilitando el tránsito por esta crisis, con garantías, a las personas desempleadas, en un ERTE y a las pymes y autónomos, que tan mal lo están pasando en estos momentos”.

La directora del SCE recordó que muchos programas de políticas activas de empleo iniciados en 2020 “siguen en marcha en 2021” y en no todos se produce un abono anticipado de los fondos, principalmente por cuestiones de normativa, más aún en un contexto en el que la COVID-19 y las restricciones impuestas por la pandemia obligaron a posponer unos meses algunas acciones presenciales o a ampliar los plazos de justificación por parte de las entidades beneficiarias.