Los sindicatos movilizan al personal de justicia en lucha por sus complementos específicos
De los seis sindicatos que actúan en justicia, dos se han desmarcado de la huelga del 29-S. Son CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia). Los cuatro restantes convocaron este lunes y este martes asambleas informativas en las principales sedes judiciales de las dos provincias para animar a los más de 4.000 funcionarios que trabajan en los juzgados canarios a sumarse a la movilización general.
Comisiones Obreras, Cobas, UGT e Intersindical Canaria han reivindicado en estas asambleas que el personal de la Administración de Justicia, aparte de los recortes en derechos básicos que afectan a todos los trabajadores, tienen un motivo añadido por el que protestar: el pago del complemento especifico por la reconversión de los juzgados en lo que se llama la nueva oficina judicial, y que debería cobrarse a partir del 1 de enero de 2011.
Gregorio Pérez Sosa, presidente de la Junta de Personal en Santa Cruz de Tenerife, explica que “no todos los compañeros son conscientes de lo que nos jugamos”, como es ese complemento específico que, según lo publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 16 de diciembre de 2009, supone entre 500 y 572 euros mensuales por la modernización y mejora de la Administración de Justicia.
“Todo eso ha quedado en el aire tras la aprobación de la reforma laboral. Los grupos de trabajo creados para la mejora de la justicia están paralizados y nadie nos asegura que lo acordado pueda entrar en vigor el 1 de enero de próximo. Hablamos de que lo reivindicado durante tres años puede perderse”.
Hay otros datos que preocupan a las centrales sindicales convocantes de la macrohuelga y es que el personal interino de Justicia pueda ser regulado a través de empresas de trabajo temporal y no por la mesa sindical. “Es una posibilidad remota”, admite Pérez Sosa, “pero un peligro latente en una administración en la que el 60% del personal es interino”.
Otro argumento para llamar a la movilización de los funcionarios de Justicia, esgrimido en las asambleas de estos dos últimos dos días, es que no se ha dado el paso definitivo para establecer las relaciones de puestos de trabajo en los juzgados que conllevan “especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, penosidad o peligrosidad”, como es el caso de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que según el acuerdo publicado en el BOC, conlleva complementos propios.
Mientras no se establezcan esas Relaciones de Puestos de Trabajo, la asignación de funciones y con ellas, sus complementos, no se definen. Los grupos de trabajo formados entre representantes de los trabajadores y técnicos y responsables de la Consejería de Presidencia y Justicia se iniciaron en 2008. La reforma laboral puede al traste con ese trabajo. “Todo lo acordado está en aire y muchos compañeros no se dan cuenta”, insiste Pérez Sosa.
Por contra, el STAJ no secunda la huelga porque “no se hacen así las cosas”, sobre todo tras el batacazo que supuso la huelga de funcionarios del pasado 8 de junio y porque, como argumentan en su página web, “de qué sirve una huelga cuando los recortes ya fueron aprobados el 9 de septiembre”.
