La trama de puertos debe seis millones a Canarias
La trama empresarial desmantelada por la Agencia Tributaria y que trataba de evitar el pago de tasas en varios puertos españoles adeuda 40 millones a administraciones públicas españolas, 6,6 millones de ellos en Canarias, de los cuales 30 millones están en fase de embargo.
Así lo han confirmado este martes a Efe fuentes de la Agencia Tributaria, después de que el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, informara ayer de esta operación, denominada “Pancho”, ha permitido desmantelar una trama de 61 sociedades del grupo naviero Contenemar.
Según Ibarra, la actuación de la Agencia Tributaria comenzó en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria “hace unos diez meses”, donde el grupo Contenemar, en suspensión de pagos desde 2009, dejó dos grúas de escaso valor como pago de una deuda acumulada de 5 millones de euros.
Tras no recuperar el dinero adeudado en la subasta de las grúas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas puso lo ocurrido en conocimiento de la Agencia Tributaria para que abriera una investigación y, de ser posible, iniciara un expediente de cobro.
La Agencia Tributaria extendió sus indagaciones a Contenemar a todo el territorio nacional y encontró impagos a las administraciones públicas por un importe total de 40 millones de euros.
Las ramificaciones de la trama del grupo naviero se extendían a diez provincias españolas, entre otras Barcelona, Madrid y Cádiz, y además están afectados los dos principales puertos de Canarias.
Según ha informado a Efe la Agencia Tributaria, se ha iniciado un procedimiento de derivación de responsabilidad por levantamiento del velo a dos sociedades con domicilio fiscal en Canarias que utilizaba, a nivel nacional, un conglomerado de 61 sociedades dedicadas al transporte de mercancías, de las que 17 operan en el archipiélago.
Tras ser requerida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Agencia Tributaria comenzó a estudiar en septiembre de 2012 las relaciones societarias, 165 cuentas bancarias y la vinculación de operaciones realizadas con terceros desde 2010 por parte del conglomerado empresarial en Canarias, de la que también logró detectar al testaferro que usaba en las redes sociales.
La Agencia Tributaria dejó operar a la última de las sociedades de este entramado canario, creada en febrero de 2012 y que funcionó hasta octubre de ese año con tan solo tres trabajadores, declarando una facturación de unos 35 millones de euros en apenas tres meses.
Con esta operación, y la ayuda del “factor sorpresa” se pudieron llevar a cabo 126 actuaciones de embargo en diez provincias españolas en las dos horas posteriores al inicio del procedimiento, ha destacado la Agencia Tributaria
