La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias pide respetar la voluntad del Parlamento Europeo y no aplicar el acuerdo con Mercosur

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) ha reclamado este jueves a la Comisión Europea y al Consejo que respeten la voluntad expresada por el Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y que no se active de forma provisional la parte comercial del tratado mientras dure el proceso judicial.

En un comunicado, Asaga Canarias explica que aplicar provisionalmente el acuerdo pese a la decisión del Parlamento supondría “desvirtuar una resolución democrática” adoptada por una Cámara claramente dividida, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el acuerdo.

La organización agraria subraya que el pronunciamiento del Parlamento Europeo “no es simbólico” y debe ser respetado por el resto de instituciones comunitarias. “Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la Unión Europea”.

Asimismo, Asaga Canarias valora la movilización unitaria del campo europeo en las últimas semanas, con concentraciones en Bruselas y Estrasburgo, que han logrado situar el debate sobre Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria. Confía además que el calendario de manifestaciones previstas para este año refuerce el mensaje de rechazo del sector agrario de las islas a este acuerdo en las condiciones actuales.

Además, la organización ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que según Asaga, son “favorables a una posible aplicación provisional del acuerdo, al considerar que no atiende a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario”, recalca el comunicado.

Por todo ello, la organización agraria insiste en que no se trata de bloquear el comercio, sino de garantizar seguridad jurídica y respeto institucional, y reclama que sea el Tribunal de Justicia de la UE quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur.