Idoia Mendizábal:“El voto presencial es anécdota en estas elecciones y queremos acabar con esta anomalía”
Idoia Mendizábal pretende convertirse en la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Las Palmas. Su plancha quiere generar debate, que se aporten ideas y que este órgano de representación de los letrados vuelva a ser un referente dentro de la sociedad. Además, reprocha las dificultades existentes para participar en estas elecciones de forma presencial y asegura que “no es lógico” que el decano se decida en el voto por correo.
Es abogada penalista con veinticuatro años de ejercicio profesional en el Colegio de Las Palmas, experta en Violencia de Género, y en Responsabilidad Civil. Señala que la especialización es una de las asignaturas pendientes de este órgano, por lo que el turno de oficio debe ayudar a corregirlo, “pero se paga tarde y mal”, asegura.
P. ¿Con qué objetivo se presenta a decana del Colegio de Abogados de Las Palmas?
R. Nos presentamos a las elecciones del Colegio de Abogados de Las Palmas para que recupere su papel protagónico en la sociedad. Los jueces y tribunales dictan las sentencias, pero somos los abogados los que defendemos los intereses de las personas que han perdido sus empleos o sus casas, cumpliendo con la función social del Derecho. Los que estamos pegados a la ciudadanía. La Junta de Gobierno está callada, no opina. Poco a poco ha ido aburriendo a los abogados y han convertido al Colegio en una mera sede administrativa, sin vida. Y nosotros queremos generar debate, que se aporten ideas, que vuelva a ser un referente dentro de la sociedad. Un colegio para todos, que sea dinámico, moderno, transparente. Un colegio eficiente que funcione al 100% de su rendimiento.
P. ¿Cuáles son las claves de su programa? ¿Qué destacaría?
Sede electrónica. No podemos seguir llevando las intervenciones trimestrales del turno de oficio en papel, para que nos lo firmen y sellen y nos den una copia. Los abogados debemos comunicarnos con el colegio desde nuestros despachos profesionales, en tiempo real.
Gastos corrientes. Un colectivo tan numeroso como el nuestro debe beneficiarse de las ofertas de los proveedores. Un grupo de gobierno fuerte y con ganas de trabajar puede lograr precios competitivos en todos los gastos corrientes. En la póliza de responsabilidad civil, por ejemplo, en el caso de accidente, o simplemente en el fallecimiento de un compañero. Debemos pagar un precio justo, con las máximas coberturas posibles.
Jura de cuentas y Comité Deontológico. Creación de una comisión, externa si fuese necesario, para que en un plazo razonable dé una solución a cada compañero.
Turno de oficio. La especialización es una de las asignaturas pendientes del Colegio. El turno de Oficio debe ayudar a corregirlo, pero se paga tarde y mal. Los baremos no están a la altura del tiempo y del esfuerzo que le dedicamos.
Lexnet. Se cae de maduro que la plataforma se puso en marcha sin estar al cien por cien y las consecuencias las sufre el colectivo todos los días. Se hace necesario la creación de una comisión que esté en contacto permanente con el Consejo General de la Abogacía Española y con el Ministerio de Justicia para acelerar la corrección de las deficiencias. No hemos llegado al papel cero.
P. ¿Quiénes componen su candidatura y cuál es el perfil de sus componentes?
Soy abogada penalista con veinticuatro años de ejercicio profesional en el Colegio de Las Palmas, experta en Violencia de Género, y en Responsabilidad Civil. Abogada del turno de oficio, desde hace veintitrés años, pero le hablaré de mis compañeros:
Isabel Mª Gómez Guedes: es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1999, fecha desde la cual ejerce como abogada. En el año 2002 obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en el área de Derecho Procesal, no habiendo cesado en la realización de diferentes cursos de especialización durante los diecisiete años que lleva ejerciendo como abogada. Socia del despacho Gómez y Alsó Abogados Sociedad Civil Profesional desde el año 2003. Está especializada en Derecho Civil, Derecho de Familia y Derecho Penal. Colabora como abogada con la Dirección General de la Policía a través del Sindicato UFP desde 2005, habiendo recibido la cruz al mérito policial con distintivo blanco en 2013. También es especialista en mediación civil y mercantil desde 2014.
Ildefonso Umpiérrez Ramos: es, sin duda, el abogado de referencia de los abogados que prestan sus servicios profesionales en partidos judiciales donde no se ubica la sede colegial. En él confían los abogados de Fuerteventura y Gran Canaria que tienen que ejercer la abogacía en lugares que nos dispone de las prestaciones que tienen, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura. Ildefonso, inherente a su conocida bonhomía, tiene especial sensibilidad para luchar por unas mejores condiciones para el trabajo de los compañeros que ejercen la profesión fuera de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, tiene el Máster en Derecho Procesal Civil, es experto universitario en Gestión y Dirección de Empresas y dispone del Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Canario de Colegios de Abogados. Participó en Adarve Corporación de Servicios como abogado procesalista, despacho con implantación a nivel nacional especializado en la recuperación de créditos para grandes entidades financieras. Actualmente, dispone de despacho propio en Playa del Inglés.
Isaías González Gordillo: es nuestro candidato especializado en la práctica del derecho laboral. Es abogado de Comisiones Obreras en Gran Canaria, lo que le ha posibilitado mantener contactos profesionales con los compañeros del mundo de las relaciones entre trabajadores y empresarios. Se ha formado en otras materias jurídicas. Así, ha cursado el Máster de Derecho Urbanístico en Canarias de la ULPGC, universidad de la que es actualmente profesor en el área de conocimientos Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Armando Romano Mendoza: es otro de los compañeros con experiencia en el ejercicio de la profesión y en el conocimiento del funcionamiento del Colegio cuando el colegiado necesita de los servicios colegiales. Tiene despacho propio desde 2011 en diversas áreas profesionales: Derecho Mercantil; Derecho Societario; Procedimientos Bancarios; Derecho Civil; Responsabilidad Civil; Derecho Penal; Derecho Internacional Privado; Derecho de la Circulación; Derecho de Seguros; Derecho Matrimonial. Miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales como Mediador Civil-Mercantil y de la Asociación Canaria de Abogados Especialistas en Tráfico, Seguros y Responsabilidad Civil, de la que es vicepresidente. Cuenta con el título de Mediador Civil y Mercantil y su conocimiento del mundo de los seguros (desde una perspectiva jurídica y comercial), será de gran ayuda en la Junta de Gobierno en la que el seguro de responsabilidad civil de los colegiados tendrá que ser reestudiado para aprovechar la economía de escala que supone una colegiación tan numerosa.
Carmelo Padrón Díaz: es el veterano de la candidatura y, posiblemente, el más entusiasta por lograr un colegio más útil socialmente, con el ojo puesto en el papel que deben desempeñar la Junta de Gobierno y los abogados en el prestigio, eficacia, eficiencia y acierto de la Administración de la Justicia. Para ello, se ha preocupado, en calidad de catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en fomentar la formación de los juristas. Por las cinco ediciones del Máster de Derecho Urbanístico en Canarias han pasado quinientos maestrandos, en su mayoría abogados. Ha sido impulsor tanto de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), que celebra anualmente un Congreso (el último en la Isla de Fuerteventura), como de la Asociación de Abogados por el Cambio en Canarias. Acumula una gran experiencia en positivo y está dispuesto a ponerla al servicio del Colegio en ámbitos como la formación de los egresados del grado universitario con la optimización del Máster para el acceso a la Abogacía. Como expresión de otras de sus preocupaciones es el contenido de su Trabajo Fin de Grado en Filología: El lenguaje jurídico y su comprensión como derecho ciudadano.
Nora Reina Padrón: es nuestra más joven candidata pero ya acumula experiencia sobre la ausencia de programas específicos de ayudas colegiales a los jóvenes. Ha trabajado en un despacho de abogados desde 2009, en el que comenzó como pasante. Las dificultades de especialización en el ejercicio de la Abogacía suponen que esté trabajando especialmente en derecho civil, pero también en las jurisdicciones contencioso-administrativa y penal. Está habituada a trabajar en equipo, aportando su personalidad ordenada y dinámica en aras de progresar y avanzar en la profesión. En 2004 participó en el Curso de derecho y economía de la Unión Europea ampliada, perspectivas de futuro de las singularidades canarias y de la cooperación con la integración americana, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. En 2005 asistió a las III Jornadas sobre la Constitución española, impartida por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna y en 2009 realizó prácticas en los Juzgados de Salamanca.
Antonio Hernández Rodríguez: es nuestro candidato de más reciente colegiación. Terminó los estudios el año pasado, de modo que apenas lleva un año ejerciendo la profesión. Está cursando los estudios de la Escuela de Prácticas Jurídicas del colegio para prepararse y prestar los mejores servicios en aras del derecho fundamental a la defensa de los ciudadanos. Allí está conociendo el funcionamiento de este instrumento tan valioso en la formación profesional, de modo que podrá transmitir a la Junta de Gobierno sus criterios y la de sus compañeros para la optimización de la referida escuela. Su conocimiento de la Administración de Justicia es, hasta hace un año, desde la experiencia que otorga el ejercicio de la acción pública en el ámbito del Derecho ambiental. Así, como portavoz del grupo ecologista Ben Magec, ha impulsado diversos recursos de interés general como, por ejemplo, el interpuesto con éxito contra la aprobación definitiva de las Normas de Conservación de Tindaya. Su dedicación a los movimientos sociales de carácter ambiental es un aval para un colegio que debe abrir sus ventanas a los nuevos tiempos.
P. ¿Qué medidas plantea sobre el turno de oficio?
En la gestión del turno de Oficio los candidatos electos nos hemos comprometido a las siguientes medidas:
-Establecer un servicio de cita previa y atención a los beneficiarios del turno de oficio, más digno, con especial atención a las personas mayores especialmente vulnerables, facilitándose que tal petición se efectúe en la página web del ICALPA o bien telefónicamente.
-Promover un turno de oficio especial para personas mayores especialmente vulnerables o en desamparo.
-Exigir al Gobierno de Canarias el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el turno de Oficio, así como el puntual abono a los 60 días de la presentación de las liquidaciones y, en su caso, hacer efectivo el cumplimiento de los intereses de demora de acuerdo con la ley de morosidad.
- Restablecer los derechos existentes en cuanto a las guardias en el turno de violencia a la mujer, que han desaparecido en Partidos Judiciales, como San Bartolomé de Tirajana, Arucas o Santa María de Guía.
- Que la Administración abone los honorarios a los abogados del turno relativos a los beneficiarios de Justicia Gratuita provisional, que no accedan definitivamente a la obtención del Derecho, subrogándose a los efectos de su cobro.
- Crear un buzón de quejas y reclamaciones, así como de sugerencias, a fin de mejorar el Servicio.
- Reivindicar un tratamiento justo y equilibrado en las retribuciones del turno de oficio exigiendo mejoras económicas, en coordinación con otros colegios de abogados de Canarias.
- Establecer un servicio de atención a los beneficiarios del turno de oficio más profesional y digno para sus usuarios.
- Crear instrumentos de control más transparentes para el otorgamiento de todos los turnos existentes en el ICALPA, publicándose trimestralmente los listados de los colegiados con sus números de guardias y turnos asignados a cada uno, sin que conste ningún otro dato personal que pueda vulnerar la Ley de Protección de Datos, todo ello a efectos de transparencia. Efectuar las mismas medidas en los turnos y servicios especiales, tales como asesoramiento a los usuarios de la justicia gratuita en sede colegial, contadores, administradores concursales ...
- Exigir a la Administración la obligatoriedad en la notificación a los letrados y letradas la no concesión del beneficio a la justicia gratuita a los solicitantes asistidos en la jurisdicción penal, a los efectos del cobro de los honorarios pertinentes.
- Descentralizar la gestión del turno de oficio en las oficinas del ICALPA en todos los partidos judiciales para que los justiciables soliciten información y puedan depositar documentación.
- Exigir al Gobierno de Canarias que en la designación de las plazas aparcamiento en las instalaciones judiciales reservadas al servicio de guardia comprenda el servicio de guardia de los abogados.
- Exigir a la Delegación de Gobierno en Canarias la reserva de plazas de aparcamientos en todas las comisarías para la utilización de los abogados que estuviesen de guardia en cualquiera de sus modalidades.
- La mejora sustancial de la comunicación entre el Colegio y sus Letrados con el fin de informar la activación del confirming y fecha prevista de abono directo por la Consejería por los mismos sistemas utilizados para las guardias.
- Mejorar el posible sistema de fiscalización de los colegiados ante los abonos efectuados en el turno de oficio, estableciendo en nuestra sede colegial de ICALPA medidas correctoras que faciliten a todos los colegiados el poder supervisar el total abono de los trabajos realizados.
- Gratuidad en los cursos de formación destinados para los turnos.
P. ¿Cómo se puede conseguir más transparencia del Colegio de abogados de Las Palmas?
La transparencia se demuestra aprobando unas reglas del juego que faciliten a los compañeros votar. Los partidos judiciales de Arucas, Guía, Telde y San Bartolomé no tendrán urnas para votar el próximo lunes. Y los del Partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria tendremos un horario limitado a las cinco de la tarde. Fuerteventura la tiene por primera vez, pero no pueden estar abandonados a su suerte. No entendemos por qué a la Junta de gobierno no le interesa dar estas facilidades a los compañeros para que vayan a votar. El voto presencial, la participación, lo que en cualquier lugar es un ejercicio de democracia, aquí se convierte en anécdota. Históricamente, en el Colegio de Abogados de Las Palmas, el Decano se decide en el voto por correo y esto desde luego no es lógico ni normal.
Nosotros queremos terminar con esta anomalía. Mire, en este Colegio se decide el grupo de gobierno por mitades. Ahora toca elegir decano y una serie de diputados. Y dentro de dos años y medio se elegirá vicedecano y una serie de diputados. Ocho y ocho. Es decir, se obliga a los colegiados a acudir a unas elecciones cada dos años y medio. Un gasto económico de difícil defensa y que provoca que el aparato garantice seguir controlando la Junta. No sabemos para qué.
Fíjese si se trata de una anomalía, que la mitad del grupo de gobierno actual, las ocho personas que no se presentan a las elecciones, los que se quedarán dentro de la Junta sea cual sea el resultado, piden el voto para la plancha de Rafael Massieu. Esto no se justifica en un gobierno serio que dé igualdad de armas a los candidatos. Muchos compañeros nos comentan incluso, que habían firmado el sobre en blanco antes de conocer que existía nuestra opción. Esto tiene que saberse. Igual que esos mismos compañeros deben saber que si van a votar el lunes, anularán el voto por correo. Yo les invito a participar en este proceso electoral, que no tengan miedo, y que vayan a votar presencialmente.
Nosotros nos comprometemos, y viene recogido dentro de nuestro decálogo programático, a favorecer las condiciones para reformar los estatutos, dimitiendo en bloque si fuese necesario sin agotar nuestro mandato de cinco años, dentro de dos años y medio, para que los colegiados elijan una Junta completa, de dieciséis miembros, para que desarrolle un proyecto integrado. Y no tenga que convocar de nuevo a los colegiados hasta cinco años después.
La plancha oficial, encabezada por Don Rafael Massieu, impugnó mi candidatura alegando que no tenía suficientes mujeres. Fíjese, cuando la plancha la lidero yo, una mujer, cuando este Colegio no ha tenido nunca a una Decana. Y la mitad de la Junta que se queda, sea cual sea el resultado, está compuesta por seis hombres y dos mujeres. Nosotros llevamos tres. La Junta Electoral desestimó sus pretensiones y falló que nuestra plancha es paritaria y cumple con el sesenta – 40% que marcan los estatutos.
Eso sí, mientras se resolvía su recurso de impugnación, nosotros no teníamos plancha oficial y ellos ya pedían a los compañeros que firmaran sobres en blanco para votar por correo.
P. ¿Ha echado en falta un pronunciamiento oficial por parte del Colegio de Abogados de Las Palmas sobre el caso de Salvador Alba y los audios en los que confabula con un empresario una declaración para perjudicar a una compañera, Victoria Rosell?
El Colegio de Abogados de Las Palmas es el colegio profesional más numeroso e importante de Canarias. Ante un asunto de estas características echamos en falta un pronunciamiento oficial por parte del Colegio de Abogados, como han hecho, por ejemplo, los propios jueces de Las Palmas y distintas asociaciones, mediante un comunicado y los ciudadanos mediante la recogida de firmas. Sobre todo, cuando el ICALPA protagonizó un desencuentro hace unos años, público y notorio, contra el magistrado Alba. No vale escudarse en que no quieren hacer juicios paralelos porque no hace falta hacer ningún juicio paralelo para pronunciarse sobre un determinado asunto.
P. Sobre el descrédito que ha tenido la Justicia en Canarias en el último año, donde ha salido a la luz distintas grabaciones entre compañeros jueces. ¿Qué se puede hacer desde el Colegio de Abogados para recuperar la confianza en la Justicia?
Lo decía al principio de la entrevista, los abogados somos el nexo entre los ciudadanos y la administración de justicia. El colegio es algo más que el abogado de los abogados. En tanto corporación de derecho público es también un instrumento al servicio de toda la sociedad. Es bien conocido, la abogacía es una profesión que presta un servicio a la sociedad en interés público. Nos proponemos la configuración de un colegio que sea ilustre como título de dignidad en la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados, la formación profesional permanente de los abogados, el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la Sociedad, la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de la Justicia, tal como reza el artículo 3.1 del Estatuto General de la Abogacía Española.
Un colegio de abogados que transmita todos estos valores contribuirá a la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la Justicia y aspiramos a liderar ese camino. Ser abogado es un orgullo.
