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Canarias quiere avisar a los accionistas de Aena de que impugnará su privatización

El Ejecutivo regional insta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que incluya "de forma expresa" su intención de impugnar el proceso

El portavoz de la Adminsitración canaria, Martín Marrero, señala que la entrada de capital privado en AENA supone un "cambio radical" en el modelo de gestión del ente público aeroportuario

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (i), conversa copn el vicepresidente José Miguel Pérez (d), antes del comienzo de la reunión del Consejo de Gobierno. EFE/Cristóbal García.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (i), conversa copn el vicepresidente José Miguel Pérez (d), antes del comienzo de la reunión del Consejo de Gobierno. EFE/Cristóbal García.

El Gobierno de Canarias ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se informe expresamente a los futuros accionistas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de que el Ejecutivo autonómico tiene intención de impugnar todo el procedimiento.

El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, anunció este jueves en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado instar a la CNMV a que incluya "de forma expresa" esta decisión de impugnar el proceso en el folleto que se emita para privatizar el 28% del ente público AENA.

Según indicó Martín Marrero, la intención del Gobierno canario es que los inversores interesados en adquirir acciones de AENA cuenten con toda la información posible y conozcan todas las circunstancias que rodean el proceso de privatización del ente público.

También quiere el Ejecutivo canario que conste en el folleto su decisión de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declare que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, de acuerdo a lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La entrada de capital privado en AENA, recordó el portavoz del Ejecutivo regional, supone "un cambio radical" en el modelo de gestión del ente público aeroportuario y si esto sucede, el Estatuto de Autonomía tiene previsto que la gestión pase a la Comunidad Autónoma.

Por este motivo el Gobierno de Canarias ha reiterado también su solicitud al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que convoque "de forma urgente" la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma para que el Ejecutivo regional pueda expresar su oposición al proceso privatizador de AENA y pedir el traspaso de la gestión de los aeropuertos de las islas.

Manos privadas

Detalló Martín Marrero que el Gobierno central pretende inicialmente adjudicar el 21% de la propiedad de AENA a un grupo seleccionado de accionistas y, posteriormente, realizar una oferta pública de venta de otro 28% de las acciones, de forma que "casi la mitad de la propiedad de la sociedad pasará a manos privadas".

El Gobierno de Canarias ya ha remitido al Estado los argumentos que demuestran que esta operación supone el cambio de la red de aeropuertos, que pasará de un modelo de gestión directa de la administración pública a otro que es indirecta, lo que debe traducirse en el traspaso de la gestión, no a inversores privados, sino a la propia Comunidad Autónoma, añadió.

El Gobierno entiende que su reivindicación, pendiente todavía de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha de comunicarse a toda persona física o jurídica interesada en invertir su dinero en acciones de AENA puesto que no hacerlo supondría ocultar a los inversores una información determinante sobre el futuro del Ente público.

"El papel del Gobierno de Canarias es informar de que existe un conflicto con una Comunidad Autónoma y por ello si conviene invertir y evaluar qué posibilidades hay de que prospere la impugnación", aseveró Marrero.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, presente en la rueda de prensa que la decisión del Ejecutivo regional de impugnar este proceso "es un hecho relevante" que debe ser tenido en cuenta por los futuros inversores para que lo tomen en consideración, de manera que decidan si asumen el riesgo de entrar en el capital de AENA.

Según el consejero, cuando la Comunidad Autónoma proceda de manera efectiva a la impugnación se solicitarán medidas cautelares como en todo proceso legal, y en cuanto a los efectos que tendrá esta decisión, respondió que serán "los que determine la justicia".

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