El exconsejero de Empleo niega irregularidades en su gestión en el Icfem
El exconsejero de Empleo de Gobierno canario Víctor Díaz ha negado este jeves las supuestas irregularidades que le atribuye el fiscal en el reparto de fondos públicos para formación durante su mandato como presidente del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), entre 1995 y 1999.
Díaz, al que la Fiscalía Anticorrupción reclama diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, es el principal imputado en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia de Las Palmas, pero cuya instrucción se inició hace 16 años, en una de las primeras tramas de presunta corrupción investigadas en Canarias.
En el caso figuran también como acusados los ex directores generales del Icfem, Francisco Almeida y Diego León, por un delito de prevaricación, cargo que también se le imputaba a Aurelio Ayala, ya fallecido y que dirigió igualmente el Instituto.
El exconsejero ha sido interrogado por el fiscal Luis del Río durante más de dos horas en esta primera sesión del juicio, que se reanudará mañana con la continuación de su declaración.
En el trámite de cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad del caso por entender que se han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes e, incluso, que los hechos han prescrito en el caso de Almeida, según ha expuesto su abogado, Esteban Solá.
El tribunal abordará en su sentencia estas cuestiones, que incluyen también la posible existencia de dilaciones indebidas, algo que admite la acusación ejercida por el colectivo de Justicia y Sociedad.
Según el fiscal, los acusados incurrieron en numerosas arbitrariedades “constitucionalmente vetadas”, al distribuir entre sindicatos y organizaciones empresariales fondos públicos destinados a actividades formativas y de inserción laboral, que se desarrollaron mediante contratos programas, convenios de colaboración o cursos individualizados.
En el caso de los contratos programas, según el fiscal, el Icfem permitía que los beneficiarios de este programa (sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones) subcontrataran los cursos, cuando ello estaba prohibido de forma “taxativa”.
Además, señala el fiscal, la subcontratación impedía exigir el reintegro de la subvención cuando se incumplían las condiciones acordadas.
Víctor Díaz, sin embargo, ha explicado al tribunal que los cursos de los contratos programa podían ser impartidos por centros colaboradores homologados, porque los sindicatos y organizaciones empresariales no siempre disponían de medios para ofrecerlos, y eso lo “sabía el Estado” y estaba previsto en la norma.
Además, ha dicho que el consejero de Empleo que le antecedió en el cargo, Francisco Rodríguez Batllori, introdujo la posibilidad de que en Canarias los beneficiarios de los contratos pudieran impartir los cursos en centros colaboradores.
Díaz ha negado también conocer los informes elaborados por una letrada de los servicios jurídicos del Icfem en los que advertía de las irregularidades que existían en los contratos programas que autorizó en diciembre de 1995.
El exconsejero ha afirmado que conoció la existencia de estos informes a finales de enero de 1996, cuando se lo puso en conocimiento la secretaría general técnica.
Así mismo, ha explicado al tribunal que él no tenía conocimiento de todas las denuncias que se presentaron en aquellos años en relación a los cursos de formación, si bien ha asegurado que él mismo presentó una ante la fiscalía por falsificación de documentos e inició el expediente para el reintegro de la subvención concedida.
En cuanto al control de esos cursos, ha señalado que no le competía a él, sino a la comisión mixta creada para tal fin y, sobre el hecho de que las subvenciones se concedieran una vez finalizada la formación, ha explicado al tribunal que es una práctica habitual que está prevista por la ley, y que el Icfem contaba de mecanismos para supervisar si se habían impartido de forma debida antes de entregar esa ayuda.
Las entidades favorecidas por estas ayudas concedidas de manera irregular, según el fiscal, fueron la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Social, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la Fundación Canaria para el Empleo y la Formación, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Además, figuran como destinatarias la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación para la Promoción del Empleo y Formación Profesional y Movimiento Cooperativista, UGT, la Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de la Alimentación de Las Palmas, el centro de Formación Steinger y la entidad RIU.
