El Ministerio vuelve a rechazar poner un juez de apoyo para 'Unión'

Después de que la juez Lucía Barrancos asumiera el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife el pasado mes de mayo, y con ello el caso Unión, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que concediera una comisión de servicios para un juez de apoyo con el objetivo que la nueva juez se pudiera ocupar con mayor dedicación el caso y el de apoyo resolviera otros asuntos del Juzgado.

Recientemente, el CGPJ aprobó esa comisión de servicios, que debía refrendar el Ministerio de Justicia, que es quien debe dar la aprobación de la partida económica. Según fuentes del TSJC, el Ministerio decidió no aprobar la comisión de servicios, y con ello el juez de apoyo, con el argumento de que la carga de asuntos civiles que arrastra el Juzgado no justifica dicha comisión. El TSJC ha vuelvo a reiterar la petición tras la negativa del Ministerio.

Es la segunda vez en el transcurso de este caso judicial que el Ministerio de Justicia rechaza conceder un juez de apoyo para la instrucción, que acumula ya unos 30.000 folios en su sumario. La primera vez fue con la petición del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, en el año 2010. Tanto el TSJC como el CGPJ dieron su visto bueno para el juez de apoyo y el Ministerio lo denegó.

El caso está prácticamente dormido desde el pasado mes de diciembre, aunque en estos meses se han realizado algunas diligencias. En diciembre terminó la comisión de servicios otorgada a Pamparacuatro para que continuara con el caso, después se dio una prórroga y en abril se dejó sin efecto la prórroga por la incorporación de la nueva juez.

Uno de los casos más complicados

El caso Unión es uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Tiene cerca de cien imputados policiales y el juez ordenó 56 detenciones, de los que diez entraron en prisión provisional, aunque ya están todos libres con cargos. Se investigan dos tramas principales, una sobre un soborno para lograr permisos para una urbanización en Playa Blanca y una trama de comisiones ilegales en Arrecife, así como varias piezas separadas.

Entre los imputados figuran funcionarios, empresarios y políticos relevantes tanto de Lanzarote como de fuera de la Isla y de la Península. La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo del caso por la complejidad de las tramas y el carácter de los delitos investigados. En el caso, por otra parte, también se investigan filtraciones ya que algunos de los imputados sabían que iban a ser detenidos.

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