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Participación privada en las televisiones públicas

El Partido Popular impulsará reformas legislativas que facilitarán a las administraciones la entrada de participación privada en la financiación de las televisiones públicas, tal y como recoge el programa electoral de esta formación para las generales del próximo 20 de noviembre.

Tras el avance de sus cien primeras medidas, el PP ha hecho público este martes en internet su programa completo y, en materia audiovisual, ha adelantado esta propuesta que permitirá a las administraciones autonómicas y locales “tener libertad para adoptar nuevos modelos de gestión”.

En esta misma línea, la formación popular contempla el estudio de la “viabilidad económica” del actual modelo de televisiones públicas para “redimensionarlas y adaptarlas” a la coyuntura presupuestaria actual.

Para ello, propone el establecimiento de techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos. “Ahorraremos dinero a los contribuyentes poniendo freno a los déficits generados por las televisiones públicas en España”, asegura el PP en su programa.

Por otra parte, recoge la propuesta de impulso de un organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual. A día de hoy, el sector cuenta con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), a falta de la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) contemplado en la Ley General Audiovisual.

Pago por el ''uso efectivo'' de las obras

Respecto a las nuevas tecnologías, el Partido Popular reitera su intención de suprimir el canon digital y sustituirlo por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual “más justos y equitativos”. En este sentido, apunta a que el sistema estará basado en “el uso efectivo” de las obras.

Además, pretende fortalecer la lucha contra los delitos en Internet -con “especial atención” a la infancia-, al tiempo que impulsará el acceso a la Red por banda ancha en todo el territorio nacional como parte del servicio universal.

Por último, propone un plan nacional para convertir los servicios de la administración al entorno digital, de tal manera que permita “avanzar hacia el apagón del papel” en la administración.

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