Un magistrado canario acusa a Repsol de “huir” y ocultar datos de los sondeos

Repsol oculta información a la ciudadanía sobre el hallazgo de “una colosal reserva de crudo en la zona” y ha emprendido una “huida” -previsiblemente táctica- ante la “desviación de poder” en la que habría incurrido el Gobierno de España a la hora de autorizar los sondeos petrolíferos en aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Así de contundente se ha expresado el magistrado Helmuth Moya Meyer, mediante un voto particular emitido ante un auto de sus compañeros de sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que han rechazado de nuevo la petición del Gobierno regional de aplicar medidas cautelares y paralizar los sondeos, al día siguiente de que Repsol anunciara su marcha de las Islas.

En apenas seis folios adjuntos al auto fechado el 16 de enero, el magistrado cuestiona con crudeza la autorización de las catas petrolíferas a Repsol -ya emitió un voto particular en el mismo sentido el 9 de diciembre pasado, advirtiendo de la desviación de poder por parte del Ministerio de Industria, por obviar gran cantidad de informes cuestionando el impacto ambiental-, y la propia responsabilidad del tribunal contencioso del que forma parte para valorar en su momento la necesidad de paralizar los sondeos.

“Pinta pues que estamos ante una huida, no sabemos si táctica -no se ha renunciado en forma a las autorizaciones- o definitiva, y se ocultan las verdaderas razones por las que no se continúa con el proyecto de investigación de hidrocarburos”, indica el juez, que llega a plantear, tras no creerse que haya poco petróleo o de costosa extracción, que “sí existe una colosal reserva de crudo en la zona. Así que la pregunta es inevitable: ¿por qué no se informa de esto a la ciudadanía, ya que de tanto interés es para el bien común?”.

Sostiene el magistrado que estos datos son “un fuerte indicio, que inesperadamente nos ha brindado Repsol, para reforzar la idea de que la autorización de los sondeos incurrió en desviación de poder y la impresión ya percibida desde el inicio del procedimiento cautelar de la falta de independencia y objetividad de los órganos administrativos intervinientes en el proceso autorizatorio”, sentencia Moya, ante la gran cantidad de gazapos en los que se incurre a lo largo de la tramitación, sin atender razones objetivas que cuestionarían los permisos.

El juez entiende que la suspensión de los sondeos “era insoslayable”, y critica que la mayoría del tribunal se haya aferrado “a una idea que blinda actuaciones administrativas desviadas de los fines previstos en el ordenamiento jurídico, siempre que no incurran en errores burdos” por lo que la propia Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso impide con su decisión el “control judicial efectivo cuando sus efectos se consumen a corto y medio plazo”.

Helmuth Moya hace un repaso “a la clamorosa insuficiencia de las propuestas en el estudio de impacto ambiental”, “la improvisación de medidas de protección” y el “inexplicable abandono del principio de cautela” con el que habría actuado el Ministerio de Industria dirigido por el presidente del PP canario, José Manuel Soria, a la hora de comprobar el verdadero impacto de diferentes aspectos como la emisión de ruidos en el medio marino, “la falta de crítica [en el Ministerio] de un programa de vigilancia ambiental que no determina ninguna pauta de actuación en caso de que los cetáceos y las tortugas invadan la zona de exclusión”, o que en la Administración “no haya una sola voz que se alce para decir que es inverosímil” que la flora y fauna quedaría afectada solo en un área seis metros cuadrados en el momento de la extracción de ripio y lodos durante las perforaciones.

Una tortuga boba y selectos periodistas

bobaAl respecto, el magistrado ironiza con el hecho de que durante los sondeos no haya habido incidente mínimo alguno, remitiéndose a la información que “con retraso” publica en su web Repsol sobre el avance de las prospecciones: “Merece la pena destacar un episodio enternecedor que se registra el día cuatro de diciembre de 2014, en el que una tortuga boba nada justo sobre el limite exterior de la zona de exclusión evitando interferir en la misión investigadora de Repsol. En uno de los puntos calientes de cetáceos del planeta, durante sesenta días, no se produce ningún incidente ambiental significativo que haya obligado a a la operadora a adoptar medidas, por lo demás indeterminadas en el tan alabado plan de vigilancia ambiental. [...]”.

Y las consecuencias de ello, a su juicio son obvias: “Más bien apunta esto a la ineficacia de las medidas de detección cuando no a la falta de rigor de los datos suministrados. Y esto hace que sea patente que ni ha habido intención por parte de las autoridades de controlar la actividad de Repsol ni se ha querido permitir que investigadores independientes pudieran analizar los impactos producidos por los sondeos sobre la fauna marina”.

En su voto particular, Moya Meyer ridiculiza incluso a los medios de comunicación que han dado siempre por válidas la información de Repsol sobre sus trabajos. “La información que ha dado Repsol durante las prospecciones sobre los hallazgos ha sido nula [...] Repentinamente, el 15 de enero, se dice que se habría comunicado al Gobierno que no se ha hallado petróleo y que se abandona el proyecto de investigación de interés nacional, por decisión unilateral de la compañía. Al minuto, ésta anuncia que el Rowan Renaissance [el barco perforador], y todo su mundo feliz, tan encomiado por los selectos periodistas que fascinados pudieron visitarlo, ya tienen una nueva 'misión científica' que cumplir frente a Angola y abandona nuestras aguas[...]”, algo que considera “difícil de creer”.

El magistrado incide en la ocultación de datos reales por parte de Repsol y la “aquiescencia” del Ministerio de Industria. “Si se decide hacer unas prospecciones en un punto muy concreto, arrostrando todas las consecuencias de la fuerte oposición social e institucional que el proyecto suscitaba, es porque se tienen algo más que indicios de la presencia de crudo en el subsuelo marino [...]”, mantiene, y por ello “no resulta difícil pensar que lo que detectó Repsol en esta campaña fue una colosal reserva de crudo, que le decidió afrontar todo el desgaste que iban a suponer las prospecciones. Así que ahora resulta curioso que se diga que solo se han detectado pequeños depósitos , de los que no se informó durante la ejecución de las catas”.

Considera también el juez que “si el proyecto de investigación no ha sido completado, si ha sido defendido por el interés nacional [...], no se entiende que sea abandonado sin dar una explicación suficiente de las verdaderas razones que se ocultan detrás de esta decisión”.