El depuesto presidente de Filipinas Estrada, condenado a cadena perpetua
El depuesto presidente de Filipinas Joseph Estrada fue este miércoles condenado a cadena perpetua por corrupción después de seis años de juicio, el más sensacional desde que se restableció la democracia.
Estrada, estrella de películas de acción, no pudo contener las lágrimas al conocer el fallo del Tribunal Anticorrupción, que también ordenó la confiscación de 87 millones de dólares de sus cuentas bancarias y le inhabilitó de por vida para ejercer la función pública.
“Es culpable más allá de cualquier duda razonable”, anunció la portavoz del Tribunal Anticorrupción al dar lectura a la sentencia por saquear las arcas del Estado, delito tipificado con la pena de muerte hasta junio del año pasado, cuando fue abolida.
El mismo tribunal, presidido por la jueza Teresita de Castro, absolvió de perjurio a Estrada, quien permaneció en silencio y de pie durante los diez minutos que duró la vista.
En la calle, cerca de medio millar de leales del ex presidente enmudecieron al enterarse de la condena, y poco rato después se disolvieron de forma pacífica ante los policías que mantuvieron acordonado el edificio del tribunal.
“Lo importante es el apoyo de la gente que, de manera abrumadora, me ha declarado inocente. Esto es una decisión política”, declaró Estrada a los periodistas tras abrazarse a su mujer e hija, y cuando abandonaba el tribunal escoltado por el grupo de agentes que se encargan de su custodia.
Estrada, quien dispone de 15 días para recurrir a la sentencia, fue autorizado por el tribunal a regresar a su lujosa residencia de Tanay, situada a las afueras de Manila, y donde cumple arresto domiciliario desde julio de 2004.
Los otros dos acusados, su hijo y senador, Jinggoy Estrada, así como el abogado Eduardo Serapio, quienes se encontraban en libertad condicional, fueron absueltos de todos los cargos.
Estrada, el décimo tercer presidente de Filipinas, un número que muchos filipinos consideran que espanta a la suerte, fue depuesto en 2001 mediante una revuelta popular pacífica promovida por sus detractores, entre ellos políticos, miembros de la jerarquía eclesiástica católica y empresarios de otros clanes familiares descontentos con la pérdida de dominio en el ámbito económico.
Estrada, con vocación de cantante, mujeriego y jugador confeso, fue acusado formalmente de aceptar sobornos por parte de las redes que controlan un ilegal negocio de apuestas, apropiación de fondos procedentes de los impuestos al tabaco y de cobrar comisiones por favorecer varias operaciones bursátiles.
El Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, que ha desbaratado ya dos intentonas golpistas y ganó las elecciones de 2004, consideró el juicio como un “triste episodio de la historia” de Filipinas, y pidió calma a la población sorprendida por el amplio despliegue de fuerzas de seguridad.
“Tenemos un país que gestionar, hacer crecer la economía y una paz que ganar”, señaló el portavoz de la Presidencia, Ignacio Bunye.
Cerca de 8.000 policías y soldados, entrenados durante varias semanas para la ocasión y apoyados por helicópteros, acordonaron el edificio del tribunal y cortaron todos los accesos al palacio de Malacañang, la residencia oficial de Macapagal Arroyo.
Estrada, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, ha acusado durante estos últimos años a su sucesora de urdir con mandos militares e influyentes miembros del clero católico, una conspiración para apartarlo del poder y de la política.
La condena a Estrada, emitida justamente el Día Nacional de los Rezos por la Paz por simple “coincidencia”, según indicó el Gobierno, llega en un momento poco propició para Macapagal Arroyo, cada vez más impopular a pesar de que durante su mandato la economía de Filipinas ha registrado un notable crecimiento.
Los ciudadanos filipinos de a pie tienen la percepción de que la actual presidenta y su Gobierno también se enriquecen mediante actividades corruptas, según los sondeos de opinión.
El día anterior a que se diera a conocer la condena impuesta a Estrada, el Tribunal Supremo suspendió ante los indicios de corrupción el contrato de 330 millones de dólares firmado entre el Gobierno y la compañía china ZTE Corporation, para instalar una red nacional de internet de banda ancha.
