La Unión Europea critica los controles en Gibraltar
La Comisión Europea (CE) ha reconocido este lunes el derecho de España a controlar su frontera con Gibraltar, un territorio que no pertenece al espacio Schengen, pero ha recordado que esos controles “deben ser proporcionados”. “Gibraltar no forma parte de Schengen, por lo que los controles en la frontera pueden tener lugar, pero deben ser proporcionados”, dijo el portavoz comunitario Fréderic Vincent. El portavoz explicó que la Comisión tiene intención de hablar con las autoridades españolas de los controles, que en los últimos días han provocado largas colas en la frontera con Gibraltar, en una reunión que tendrá lugar “probablemente en septiembre u octubre”.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha elevado el tono de las críticas. “Este fin de semana hemos sido testigos de ruido de sables, un ruido que no habíamos oído desde hace tiempo. Las cosas que ha dicho Margallo recuerdan al tipo de declaraciones que esperas oír de Corea del Norte, no de un socio de la UE”, ha afirmado Picardo en declaraciones a un programa de la emisora pública BBC Radio 4.
Picardo ha señalado que este tipo de declaraciones y actitudes son como las puestas en práctica en las décadas de 1950 y 1960 durante el régimen de Francisco Franco. “Creo que todos esperábamos que estas políticas nunca volverían y que se mantendrían las políticas mucho más tolerantes del anterior ministro de Exteriores, (Miguel Ángel) Moratinos, en las que se hablaba de colaboración, de generar beneficios económicos para los ciudadanos de ambos lados de la frontera y no de la beligerancia de ahora”, ha argumentado.
El mandatario gibraltareño también se ha referido a la posibilidad de que las autoridades españolas impongan una tasa de 50 euros en la verja. “Quiero saber qué piensan de eso los 10.000 españoles que vienen a diario a trabajar. Sería evidentemente discriminatorio e iría en contra del Tratado de Roma, que establece la libertad de movimiento de los trabajadores europeos”, ha indicado.
Además, Picardo ha criticado el posible cierre del espacio aéreo español a los vuelos con destino u origen en Gibraltar. “Sería más difícil para los pilotos aterrizar, más peligroso para los pasajeros. Es una locura política”, ha afirmado. Y ha lamentado la inexistencia de canales formales para el diálogo sobre estas cuestiones. “Este ministro (Margallo) se ha retirado del Foro Trilateral”, ha recordado.
Por último, al ser interrogado sobre la posible relación entre el resurgimiento de la tensión por Gibraltar y la situación política española, Picardo ha señalado que “desde hace muchos años Gibraltar ha sido utilizado como cortina de humo para desviar la atención” en España.
Críticas sindicales
El secretario general de este UGT en el Campo de Gibraltar, Ángel Serrano, asegura, en un comunicado, que “lo principal es proteger a las 7.000 familias de la Línea de la Concepción que trabajan en Gibraltar”. Así, el sindicato exige una “solución diplomática” para el conflicto y, al mismo tiempo, insta a proteger “los derechos de los pescadores andaluces”. “Históricamente Gibraltar no ha tenido aguas jurisdiccionales, eso ha sido español, y ahora no es justo que tiren bloques de hormigón con la excusa de preservar la pesca”, continúa el Secretario General de UGT en el Campo de Gibraltar.
La Línea de la Concepción, el municipio gaditano más cercano a Gibraltar y en el que casi 7.000 linenses tienen puestos de trabajo en el Peñón, registra una tasa de paro del 45 por ciento. “Hay que tener en cuenta que La Línea es uno de los municipios más afectados por la crisis, y que depende de Gibraltar para sobrevivir”, aduce Serrano.
Reacción británica
En un comunicado difundido este domingo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha dicho que Londres pedirá “una explicación a España tras las informaciones según las cuales el Gobierno español podría tomar medidas adicionales respecto a Gibraltar”. En una entrevista en el diario 'ABC', el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, había anunciado que España podría realizar cambios en la ley de Juego, cerrar el espacio aéreo e imponer tasas para la entrada y la salida del Peñón, además de controlar las “irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedad en Sotogrande” (Cádiz).
El comunicado de Reino Unido indica que el Gobierno de este país “cumplirá sus compromisos constitucionales con el pueblo de Gibraltar y no hará concesiones respecto a la soberanía”. “Nuestras diferencias con España en lo referente a Gibraltar se resolverán por medios políticos, no a través de medidas desproporcionadas como los retrasos que hemos visto en la frontera durante la última semana”, ha afirmado el Foreign Office en alusión a los controles en la verja de Gibraltar por parte de policías y guardias civiles españoles y las largas colas que deben hacer quienes quieren cruzarla.
En una entrevista publicada este domingo por el diario ABC, Margallo ha apuntado que se está “recuperando todo lo recuperable de lo que cedió Moratinos”. “Nunca antes de él un ministro de Exteriores había puesto a Gibraltar al mismo nivel que España y Reino Unido y reconocido algo como el Foro Tripartito” ha señalado el actual ministro, quien ha asegurado que se trató de “un disparate”. En este sentido ha enviado un mensaje a Gibraltar asegurando que “con este Gobierno las cosas nunca van a funcionar así”. “Se ha acabado el recreo”, ha insistido.
Margallo ha indicado que España va a revisar su legislación en muchos sentidos “para atajar todo lo que no funciona”. Así, ha hablado de cambiar la ley de Juego, de cerrar espacio aéreo y de poner tasas para poder entrar y salir del Peñón, de unos 50 euros. “Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros”, ha explicado en referencia a los bloques de hormigón que desde Gibraltar se han lanzado al mar en la zona de faena de pesqueros españoles.
Para el titular de Exteriores, se trata de un delito medioambiental “gravísimo” que, según ha apuntado, “se va a impedir” bloqueando la entrada de hormigón y otros materiales necesarios para cometerlo. Por otra parte, Margallo también ha abogado por controlar las “irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedad en Sotogrande (Cádiz)”.