Curbelo declara en septiembre en la causa donde se investiga su patrimonio
El presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo (PSOE), declarará el 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción de la isla en las diligencias penales en las que la Guardia Civil cuestiona el incremento que ha experimentado su patrimonio desde 1998.
La juez Blanca María Suárez González dictó anteayer, miércoles, una providencia en la que cita a declarar a Casimiro Curbelo como imputado a las 9.30 horas, en las diligencias previas 490/2010.
En esa causa, figura como denunciante el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, están imputadas otras cinco personas y se ha personado como acusación el portavoz de CCN en el Cabildo de La Gomera, Pedro Medina
El informe de la Guardia Civil, emitido en 2012 a petición del Juzgado, plantea que el exsenador y presidente del Cabildo desde hace 23 años ha quintuplicado su patrimonio inmobiliario desde 1998, hasta acumular 2,1 millones de euros, con operaciones en ocasiones “atípicas”, como una permuta con un empresario que le reportó 889.000 euros casi sin coste para él.
La Unidad de Delitos Urbanísticos de Santa Cruz de Tenerife detalla que, en 1998, Curbelo poseía una vivienda, un local comercial, tres garajes, un trastero y una participación de una séptima parte, por herencia, sobre cuatro fincas situadas en una zona de San Sebastián de La Gomera llamada “Lameros del Barranco”.
Sin embargo, a la fecha de su informe (2012), la Guardia Civil le atribuye la propiedad -a título propio o en bienes escriturados por familiares, pero que considera controlados por él- de siete viviendas en La Gomera, La Laguna (Tenerife) y Villanueva de La Cañada (Madrid), nueve garajes y cuatro locales comerciales.
A esas propiedades se unen 12.999 participaciones, valoradas entonces en 485.394 euros, en Lameros del Barranco SL, una sociedad mercantil propietaria de unos terrenos urbanizables situados en el plan parcial del mismo nombre, en San Sebastián de La Gomera.
Durante ese período, recibió además ingresos “no justificados” -siempre según el criterio del Instituto Armado- mediante imposiciones bancarias en efectivo por 96.450 euros.
Cuando se hizo público ese informe, Curbelo defendió la limpieza y legalidad de su patrimonio y criticó que se indague su evolución solo a partir de 1998 y “no unas décadas antes, cuando contaba con siete inmuebles que por herencia o adquisición” eran de su propiedad y que, en su mayoría, fue vendiendo.
También manifestó que estaba “tranquilo” y dispuesto a ofrecer a la juez cuantas explicaciones sean necesarias para demostrar que las acusaciones que se dirigen contra el “son falsas”.
Curbelo ya fue citado a declarar por esas diligencias el 23 de noviembre de 2012 por la entonces juez de San Sebastián de La Gomera, Virginia Agea, pero su comparecencia se suspendió al presentarse en el juzgado una causa con preso, asunto que, conforme a la ley, tiene prioridad.
