La empresa de aguas de Lanzarote acusa a San Ginés (CC) de ocultar un contrato que beneficiaba a un abogado amigo

La empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) ha difundido este viernes un comunicado en el que acusa a Pedro San Ginés (Coalición Canaria), expresidente del Cabildo y ex consejero delegado de la sociedad, de haber ocultado un contrato de 82.000 euros que beneficiaba a un abogado, Ignacio Calatayud, a quien el propio nacionalista identificaba como “amigo sobrevenido”, y perjudicaba a la compañía.

Calatayud fue designado por San Ginés para representar a Inalsa en el concurso de acreedores abierto en la empresa en 2009 y ya ha cobrado 156.400 euros en concepto de honorarios profesionales. Sin embargo, recientemente ha reclamado a la entidad otros 82.000 euros a través de una jura de cuentas, es decir, un ajuste de la minuta. Para ello, según el Cabildo de Lanzarote, el letrado ha aportado un documento que “no llegó al departamento de administración” de Inalsa. 

La corporación insular remarca que el primer presupuesto aceptado por Pedro San Ginés, entonces consejero delegado de Inalsa, está fechado el 27 de enero de 2010 y daba cobertura a todas las actuaciones relacionadas con el procedimiento concursal. Sin embargo, había un segundo presupuesto, datado un mes y medio después, el 15 de marzo, que es el que hasta la fecha permanecía oculto y que estipulaba que el abogado solo se encargaría de una parte de ese concurso de acreedores, la fase común, excluyendo, por tanto, los incidentes concursales. 

Durante todo este tiempo, asevera el actual grupo de gobierno, todos los pagos realizados al abogado fueron justificados en base a ese primer presupuesto, ya que se desconocía la existencia del segundo. “Más allá de la ocultación del documento, el aspecto más relevante lo constituye el hecho de que se anulara el contrato anterior, que incluía en su importe los incidentes, y se sustituyera por otro que los excluía expresamente, un acuerdo que beneficia a Calatayud en la medida en que perjudica a Inalsa”, afirma el Cabildo de Lanzarote en su comunicado. Al anular ese primer contrato, se le habría permitido cobrar los incidentes aparte. 

Pedro San Ginés ha respondido en un comunicado insistiendo en que ese primer contrato era un borrador. La actual corporación explica, sin embargo, que fue el propio abogado quien remitió el 2 de marzo de 2010 (trece días antes de ese segundo presupuesto) la primera factura “amparándose en el contrato al que ahora pretende negar su validez”. “El contrato del 27 de enero no era tan solo un borrador, se trataba de un contrato tan real y tan efectivo que permitió el abono del primer pago el 2 de marzo de 2010”, redunda. 

Inalsa considera que se trata de una “nueva irregularidad” del expresidente del Cabildo, que “aceptó un presupuesto inicial (el del 27 de enero de 2010) por casi 200.000 euros que cobró existencia en el momento en el que realizó el primer pago (el del 2 de marzo)”. Trece días después “acepta un nuevo presupuesto que, en la práctica, supone la anulación del contrato anterior, más beneficioso para Inalsa, sin ningún tipo de informe jurídico que justifique ese cambio de criterio provocando un quebranto a la empresa pública en la misma medida en que beneficia a su letrado-amigo”.

En contra de lo manifestado por San Ginés, que defiende que no tuvo que ver en la contratación de Calatayud y que la decisión fue de los administradores concursales, el gobierno insular alude a un informe firmado por estos últimos en abril de 2011 en el que señalan que los honorarios fueron pactados por el presidente del Cabildo y el abogado y que ellos se limitaron a supervisarlos. 

El hecho de que en el segundo contrato con Calatayud quedaran excluidos los incidentes del concurso abre un nuevo interrogante. Y es que este abogado se ha personado en al menos cinco de los veinte incidentes que se sustanciaron a lo largo del proceso concursa “sin que conste ninguna designación ni acuerdo por parte de Inalsa”. “Se trata de una circunstancia de extrema gravedad puesto que Calatayud ha ejercido la representación de la mercantil sin que exista designación expresa para ello pues, como ya se ha señalado, el segundo contrato excluía expresamente los incidentes concursales”, recalca el Cabildo.

La empresa pública cesó al abogado como representante de la sociedad en febrero del año pasado, ya con el nuevo equipo de gobierno liderado por la socialista Dolores Corujo, después de que Calatayud se negara a facilitarles la información sobre la liquidación de créditos.