Paralizado el desalojo de una mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos mayores de edad en Elorrio

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.