Caso Jable

Rolex, viajes y pagos en metálico: las claves de la sentencia que pone fin a la época más corrupta de Lanzarote

La Justicia ha puesto este lunes punto final a la trama de corrupción más compleja de Canarias: el caso Unión. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado la sentencia de la última pieza, la operación Jable, en la que se investigó el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife entre 2001 y 2005. Los principales investigados, la exalcaldesa Isabel Déniz (primero con el Partido de Independientes de Lanzarote y después con Coalición Canaria) y el abogado Felipe Fernández Camero, han sido condenados a diez años de prisión por diferentes delitos, entre ellos el cohecho y el fraude. 

La operación Jable comenzó en 2001, solo un año después de que Isabel Déniz fuera elegida alcaldesa de la capital de Lanzarote. Los hechos probados de la sentencia revelan que Déniz alcanzó un “pacto criminal” con el presidente de su partido, el histórico Dimas Martín; el entonces secretario de la corporación, Felipe Fernández Camero, y el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. El objetivo era “lucrarse solicitando cantidades dinerarias de forma ilícita” a empresas a cambio de adjudicarles obras y servicios en el municipio. 

La empresa TECMED, después Urbaser, fue la primera con la que los condenados alcanzaron un acuerdo ilícito. En 2001 y 2002, Dimas y Déniz planearon obtener de forma ilícita fondos de la empresa a cambio de la adjudicación del concurso público para la gestión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Arrecife. Tal y como detalla la sentencia, Martín cuenta con un amplio historial de antecedentes penales. El político, ahora en prisión, ha sido condenado hasta en cinco ocasiones por delitos relacionados con la corrupción, como el cohecho, la malversación de caudales públicos y la prevaricación. 

Para cumplir con su plan, los líderes del PIL sumaron a este círculo “corrupto” la “imprescindible participación” de dos funcionarios públicos: Camero y Arrocha. El primero era el encargado de elaborar los informes técnicos de valoración de las ofertas, para adjudicar después el servicio. El segundo, como secretario del Ayuntamiento, tenía acceso a toda la documentación confidencial presentada por las empresas que participaban en el concurso. 

La carpeta azul 

En 2001, meses antes de la convocatoria pública del concurso de gestión de la basura, los acusados tuvieron “diversos encuentros” con los directivos de URBASER. En ellas, los políticos pidieron a los empresarios “dinero en metálico, artículos de lujo, viajes, y estancias hoteleras” a cambio de entregarles el contrato para la gestión de residuos.  

No fue hasta el 22 de febrero de 2002 cuando el pleno aprobó sacar a concurso público la contratación de la gestión de los residuos. Felipe Fernández Camero poseía la documentación que habían presentado todas las empresas licitadoras y “vulneró de manera grosera” su deber de custodiar la documentación íntegra de los expedientes. El abogado facilitó al jefe de la Oficina Técnica toda la documentación confidencial “a cambio de las comisiones previamente acordadas”. 

Entonces, Arrocha informó al director de Urbaser de las propuestas económicas del resto de empresas, advirtiéndole de que la suya no era la mejor posicionada. “Arregla eso como sea” ordenó la alcaldesa al director de la Oficina Técnica. Camero infringió su deber de custodia permitiendo la sustitución de la primera oferta por la segunda, modificada y adaptada a las peticiones del Ayuntamiento. Además, Arrocha abrió la oficina fuera del horario habitual para incorporar la nueva documentación, entregada “en una carpeta azul”. 

En la nueva propuesta se incluían mejoras gratuitas de los servicios del ayuntamiento y dos grandes obras para la construcción de nuevas instalaciones para los servicios municipales. La primera, por un coste superior a los tres millones de euros. La segunda, por más de dos millones. “Debieron ser licitadas de forma independiente”, subraya la sentencia. A pesar de que los altos cargos del Ayuntamiento conocían las irregularidades del contrato, fue adjudicado a URBASER el 9 de agosto de 2002. 

Condenas

Isabel Déniz ha sido condenada a diez años y medio de prisión por los delitos de fraude a la administración pública, cohecho, y prevaricación administrativa. La Audiencia también ha impuesto a Déniz una pena de inhabilitación para ostentar cualquier cargo público durante 42 años.

La Justicia ha impuesto al abogado Felipe Fernández Camero una pena de diez años y tres meses de cárcel por cinco delitos distintos: fraude a la administración pública, cohecho, revelación de secretos, falsedad cometida por funcionario público y infidelidad en la custodia de documentos. Por su parte, Dimas Martín se enfrenta a dos años y seis meses de prisión por delitos de fraude y cohecho. Rafael Arrocha ha sido condenado a cinco años de cárcel por fraude a la administración pública, cohecho, prevaricación y falsedad cometida por funcionario público. 

Regalos de lujo y dinero en metálico

En la sentencia “queda probado” que Dimas Martín solicitó al gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y al exdirectivo de Urbaser (fue expulsado tras su confesión) Manuel Andrés Martínez, el pago de una comisión dineraria que le fue entregada en diversos abonos. El fallo recoge que se alcanzó la suma de 72.000 euros y que fue ingresado en una cuenta bancaria de su esposa (que no consta que estuviese al tanto) y también se le entregó dinero en efectivo. 

Los pagos eran ejecutados por Jacinto Álvarez y autorizados por Manuel Andrés Martínez. Uno de esos abonos se realizó en un hotel. “Dimas me llamó y dijo que nos veríamos en el Meliá Castilla a las 15.00 y le di un sobre con 30.000”, se recoge en la sentencia. Todos los pagos obedecen al “acuerdo corrupto” y fueron descubiertos por la colaboración del gerente de TECMED, Jacinto Álvarez, quien voluntariamente aportó unas agendas y cuadernos en las que anotaba él mismo fecha a fecha, los pagos y dádivas solicitadas y su causa, así como las entregas de dinero en metálico que personalmente hizo al resto de coacusados y su causa. También se han podido conocer por las reuniones y viajes mantenidos con los funcionarios públicos acusados y la información recibida en las mismas.

Se considera probado además los pagos a la exalcaldesa de Arrecife que ascendían a 141.000 euros y que fueron entregados en efectivo en sucesivas fechas y en diversos pagos, así como dádivas en artículos de lujo (Rolex, bolso Loewe, muebles de diseño) viajes y estancias hoteleras cinco estrellas. Isabel Déniz “solicitó, pidió y hasta exigió” múltiples entregas de dádivas en todo tipo de “ya fuera en dinero en metálico” todos esos artículos, que incluían alta joyería, viajes en Business con estancia en hoteles cinco estrellas para sí y para terceras personas como su cónyuge, concejales de su partido (PIL) y el Secretario Ayuntamiento. 

De hecho, la exalcaldesa “solicitó, aceptó y recibió” de la mercantil TECMED en contraprestación “a los actos arbitrarios e ilegales por ella resueltos”. Se trataba de adjudicaciones en los expedientes administrativos en los que intervenía como el contrato de la gestión indirecta de los servicios de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos de Arrecife (RSU). Por ejemplo, en enero de 2002, sólo unos días antes de publicarse el concurso público en el Boletín Oficial, le entregaron un mueble de diseño que estaba valorado en 1.202 euros y que fue pagado por esa empresa. Así mismo, recibió 60.000 euros cuando se ejecutó el contrato público,  parte de la comisión repartida con Dimas Martín, que fue entregada en un sobre con dinero por Jacinto Álvarez en la calle trasera del Cabildo de Lanzarote a finales del año 2002 (una vez adjudicado el concurso público a TECMED). Otros 30.000 euros le fueron entregados en 2003 y quedaron anotados en la agenda, que también recoge un bolso Loewe valorado en 418 euros. 

No son las únicas dádivas que se recogen en esa agenda, que también apunta un viaje a Kenia valorado en 15.653 euros y de los que 14.000 fueron entregados en metálico. Así mismo, en 2005 se le entregaron dos entradas para el Teatro Real para asistir a la ópera Don Carlo de Verdi valoradas en 237 euros cada una, es decir, 574 euros en total. Ese mismo año también consta un viaje a Madrid con cargo a la empresa Urbaser y estancia en el Hotel Hesperia, además de una cena en un restaurante de Madrid (Viridiana) en la que intervinieron Jacinto Álvarez, Isabel Déniz, y Manuel Andrés y donde la entonces alcaldesa solicitó la entrega de 30.000 euros en efectivo, un Rolex modelo cadete con números romanos (valorado en 4.750 euros) y un viaje a Granada a pagar a la concejala del Ayuntamiento de Arrecife, Carmen Ramos para “contentarla”. 

La exalcaldesa llegó a ingresar en efectivo en una cuenta corriente 80.000 euros (54 billetes de 500 euros, 15 billetes de 200 euros y 500 billetes de 100 euros). Además, consta el pago de una empleada de hogar a cargo de Urbaser. Al igual que en el caso de Dimas Martín, estos pagos pudieron ser descubiertos por la colaboración del gerente de Tecmed. 

Por su parte, sobre el abogado Felipe Fernández Camero, la exalcaldesa indicó que había que “darle un viaje al secretario” para asegurarse “el quebrantamiento de sus deberes de custodia y fe pública como Secretario del Ayuntamiento de Arrecife”. Se trata del mencionado viaje a Kenia, que realizaron tanto Camero como Déniz con los cónyuges de ambos. Álvarez pagó 14.000 euros en metálico al abogado en las dependencias de Urbaser. En el registro de la vivienda de Déniz quedó constancia de ese viaje en su pasaporte. Camero también percibió un bolígrafo marca Mont Blanc, valorado en 765 euros, en  2004. 

Informes favorables a cambio de regalos

Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, en el momento de los hechos, recibió 180.000 euros entregados en efectivo y dádivas en artículos de lujo. Se realizaron diversas entregas en efectivo que se hacían en sus viajes a Madrid (pagados por Urbaser) o por medio de entregas en Arrecife aprovechando la visita del director de obras, Francisco Martínez Llerandi o sus encuentros con el gerente de la empresa. Esas partidas las recibió días antes de publicarse el concurso del contrato público de residuos sólidos urbanos o días antes de emitir su informe a favor de la adjudicación. Entre otras, percibió relojes de marca, una cesta de perfumes, una cámara fotográfica, diversos viajes a Madrid… Urbaser también llegó a realizar de forma gratuita la reforma de su despacho. 

En 1998, se adjudicó un contrato de Limpieza Viaria a ONYX TRANSMERSA (después Tecmed y posteriormente Urbaser) por 413.032,30 euros. Sin embargo, en 2002 se aprobó la ampliación del contrato que fijaba el precio anual en 1.050.208,62 euros, lo cual constituye un aumento del precio en un 254,27%. Para ello, Rafael Arrocha emite un informe favorable. 

En 2003, en el pleno aprobó la modificación del plazo del contrato actual, prorrogando por plazo de diez años, lo cual constituía un aumento del precio en un 177,17%. En 2002, se celebra otro pleno en el cual se aprueba por unanimidad la ampliación del contrato del servicio de Parques y Jardines, fijando el precio anual 503.641,98, lo cual suponía  un  aumento del precio en un 305,89%. De nuevo, hay informe favorable del jefe de la oficina técnica. 

La sentencia detalla que es “flagrantemente contrario a derecho prorrogar un contrato con una duración de cinco años, por otros diez, sin convocar el correspondiente concurso público” de manera que se garantice la libre concurrencia de licitadores. “Además del exagerado incremento del precio que se realiza por esta vía, ni siquiera existía consignación presupuestaria para realizar este incremento del precio de los citados contratos, según informe del Interventor municipal de fecha 24-3-2003, lo que supondría la nulidad del contrato”, apunta. El jefe de la oficina técnica solicitó como contraprestación por su informe favorable 180.303 euros. En total, realizó hasta ocho informes favorables “de forma absolutamente irregular”. 

Los magistrados consideran que queda probado que los pagos y dádivas era “una exigencia que los acusados imponían para que, respecto a los tres contratos en vigor, se aplicasen a conveniencia de la empresa adjudicataria las modificaciones de contrato y las revisiones de precios, de tal forma que todos resultasen beneficiados a costa del erario público”. La empresa Urbaser (antes Tecmed) financió hasta 25 viajes a los cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife por un importe que asciende a los 24.462,12 euros. 

Los hechos probados también recogen un apartado sobre la adjudicación fraudulenta del contrato de obra pabellón municipal de deportes de Argana Alta para la que la exalcaldesa y el secretario de la oficina técnica también solicitaron un viaje a Marrakech y la contratación de las obras a ejecutar por una empresa vinculada a Rafael Arrocha. 

El Patrimonio de María Isabel Déniz

La sentencia refleja que Isabel Déniz, durante el tiempo en que ejerció como alcaldesa de Arrecife, incrementó su patrimonio con tres vehículos, dos propiedades inmobiliarias y una embarcación. También realizó ingresos en efectivo de notorio importe (80.000,00 euros) y pagos en efectivo por cuenta de su hija (carente de ingresos) para reforma de las propiedades inmobiliarias adquiridas, así como, para pagos de impuestos de actos jurídicos documentados por la adquisición de las dos piedades inmobiliarias, vehículos y motor de embarcación.  Las cantidades en efectivo son producto de las entregas dinerarias en metálico que percibió fruto de las dádivas solicitadas al gerente de TECMED (después Urbaser), Jacinto Álvarez.