Vivir de alquiler por trabas administrativas pese a tener una casa en La Graciosa

Victoriano Hernández y su pareja frente a la oficina municipal de La Graciosa exigiendo la legalización de su vivienda

“Esta casa es de un pescador graciosero enfermo, de 53 años, que nació en este cacho de tierra. Construyó su casa con sus propias manos. Descanse en paz el derecho constitucional a una vivienda digna”. Sobre una pared de bloques sin terminar y bajo un precinto del Ayuntamiento de Teguise, Victoriano Hernández resume su situación. Lleva ocho años esperando una licencia por parte de la corporación municipal lanzaroteña de la que depende la isla de La Graciosa para poder reformar la vivienda que edificó en la década de los noventa con su hermano y su padre y al fin residir en ella. Pese a que la administración pública le aseguró en 2017 que en cuestión de semanas tendría todos los permisos, su vivienda ha sido precintada por la Policía Local y el vecino ha gastado ya 30.000 euros en alquileres, en los que ha ido residiendo en los últimos años con su pareja. Además, paga 306,28 euros al año por  el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basura de una vivienda que no puede utilizar. Este año, al no poder asumir el coste, tuvo que fraccionar los pagos. 

En la actualidad, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Teguise a esta redacción, el caso está en la Oficina Técnica, en el área que dirige Olivia Duque, concejala de Urbanismo. Duque ha explicado en declaraciones recogidas por medios locales que los retrasos se deben a la espera por el proyecto que debe ser realizado por el arquitecto municipal, las demoras del visado del Colegio de Arquitectos y “dificultades con el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo)”. Además, el visado del Colegio de Arquitectos debe ser supervisado por el Gobierno de Canarias.

A los 14 años, Victoriano Hernández dejó de estudiar para dedicarse a la pesca y ayudar a su familia. Sin embargo, en noviembre de 2016 el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social declaró su incapacidad total para la profesión, al tener una discapacidad del 33%, por lo que subsiste con una prestación de 640,95 euros al mes, tal y como especifica la resolución a la que ha tenido acceso esta redacción. También cuentan con ayudas municipales para comprar alimentos. Victoriano ha tenido que recurrir al Servicio Canario de Salud para recibir atención psicológica y psiquiátrica, ya que las dificultades para hacer frente a todos los pagos y el silencio del Ayuntamiento sobre la legalización de su vivienda han derivado en ansiedad y depresión, por lo que consume ansiolíticos y antidepresivos. 

Desesperado por el silencio de la administración y la espera, el vecino de La Graciosa se ha intentado poner en contacto en varias ocasiones con el alcalde, Oswaldo Betancor (Coalición Canaria), a través de WhatsApp y correo electrónico. “Estimado señor alcalde, como no tengo respuestas de usted la próxima semana me encadenaré en las puertas de la oficina municipal y estaré allí hasta que me solucionen el tema de mi vivienda”. “Mi situación es insostenible y dentro de poco me veré viviendo en la calle, por eso le pido que mi situación se acelere”, insiste en dos mensajes sin respuesta. La concejala delegada del Teguise en La Graciosa ha mostrado su apoyo a Hernández, algo que el vecino considera insuficiente. “Yo no necesito que me apoye, sino que hable con el equipo de Gobierno y me den una solución. Tengo derecho a tener una vivienda digna, como todos los demás”. 

Victoriano lleva más de una semana atado a la entrada de la sede del Ayuntamiento en la octava isla, recogiendo firmas entre los residentes. También ha lanzado una iniciativa a través de change.org, donde 200 personas se han sumado a su lucha. El martes pasado Hernández recibió la visita del Diputado del Común, Rafael Yanes, quien ha decidido abrir un expediente para hacer un seguimiento del estado de la licencia. “Ha habido un problema burocrático por la interpretación de si se aplicaban las normas subsidiarias de Teguise o el PRUG”, señaló Yanes. El Diputado del Común añadió tras su visita a La Graciosa que Lanzarote y Fuerteventura tienen un problema “apremiante” en materia de vivienda. Esto se debe a que “hace 20 años que no se construyen viviendas públicas” y a la gestión de las administraciones públicas. 

La Graciosa, una isla vacacional

En uno de sus intentos de hablar con el alcalde de Teguise, Victoriano afirma que se han inaugurado nuevas viviendas con licencia para unidades familiares, que después reciben el cartel de Vivienda Vacacional. La pandemia provocada por la COVID-19 ha evidenciado la dependencia que La Graciosa, con apenas 700 habitantes, tiene respecto al turismo, no solo internacional y nacional, sino también del resto de islas del Archipiélago. Desde el 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma, la isla se confinó durante tres meses y logró no registrar ningún caso de coronavirus, siendo el único punto de España sin positivos. 

Al otro lado de la victoria sanitaria, apareció una profunda crisis económica motivada por el cierre de fronteras. La clausura de bares y restaurantes y el vacío en los apartamentos y las viviendas vacacionales provocaron el desplome de los ingresos. Cuando se retomaron las conexiones con el exterior, La Graciosa pudo recuperar el año con un lleno total en las reservas para julio, agosto y septiembre. Los vecinos agradecieron cada una de las visitas, pero pedían precaución y respeto “para no tirar por tierra todo lo conseguido” respecto al virus. Algunos de los comerciantes de la isla explican que ya no solo reciben turismo en verano y periodos vacacionales, sino que ahora “está de moda pasar el invierno y la Navidad en la isla”.

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12 de octubre de 2020 - 20:29 h

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